La expedición punitiva : Porfirio Muñoz Ledo

La expedición punitiva
Porfirio Muñoz Ledo
Decía Ortega y Gasset en El Tema de Nuestro Tiempo que “de lo que hoy empieza a pensarse depende lo que mañana se vivirá en las plazuelas”. Churchill sentenciaría que “los discursos son a menudo el prólogo de los cañones”. La declaración simplona pero no inocente del gobernador de Texas, Rick Perry, aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, es el proemio inequívoco de una invasión anunciada.
“Tal vez se necesita a nuestro ejército en México para cooperar con el gobierno a fin de que los cárteles de la droga sean eliminados y mantenerlos lejos de nuestras fronteras”, dijo en New Hampshire. La banalización de señales tan claras, atribuible a la saturación, puede ser en extremo costosa.
Sólo desde la complicidad puede un país desangrado y humillado no reaccionar frente a semejante despropósito. Recordemos que el Gobierno de Venezuela estuvo a punto de romper relaciones con el de Colombia por la declaración en sentido similar de un candidato. En un estilo más rondeño, instancias mexicanas calificadas podrían interpelar al agresor verbal.

La postura del gobernador, más que una bravata para halagar a las clientelas conservadores del “Tea party” es una oferta de campaña que nace en la entraña de una tradición intervencionista y de una sumisión incalificable. Supone información suficiente para prever el próximo episodio de una “guerra estúpida” en la que -según la lógica de los acuerdos- una vez derrotado el ejército local entrarían en escena las fuerzas armadas de la gran potencia, como en Afganistán.
Se hace mofa de la segunda “expedición punitiva”, réplica de la que el general Pershing encabezó en nuestro territorio contra Pancho Villa. Se olvida que Victoriano Huerta no la convino ni la avaló. En cambio, las políticas de integración subordinada y de “combate al crimen” por cuenta ajena y bajo mandato externo, conducen al vaciamiento radical de la soberanía y presumen la aceptación doméstica de la presencia militar extranjera.
Simultáneamente, Los Ángeles Times reveló que entre 2006 y 2007, apenas estrenado Calderón y antes de que se pusiera en marcha el operativo “rápido y furioso”, la ATF utilizó intermediarios para adquirir armas e introducirlas a México en un programa denominado “receptor abierto”. Denominación que sugiere la total porosidad de nuestra frontera y la voluntad de penetrarla cuantas veces convenga al interés norteamericano.
Dichas evidencias fueron proporcionadas por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y exhiben que, a comenzar por el procurador, dichas operaciones fueron conocidas por el Departamento de Justicia. Las verdaderas preguntas no se refieren a lo que ya ocurrió sino a lo que se está preparando y podría desatarse antes de que se instale un nuevo gobierno en México.
Desde hace meses se han agravado los síntomas de una intervención militar directa. En junio los llamados “insurgentes” por el Departamento de Estado fueron ascendidos a “superpotencia del crimen” en informe público y el Congreso los calificó como “terroristas mexicanos”, lo que provocaría una alerta máxima en el Pentágono. La declaración en ese sentido de nuestro gobierno cuando la destrucción del Casino Royale, más que un gazapo, sería la prueba de un “lenguaje aceptado”.
Según especialistas de ambos lados “la invasión estadounidense ya está ocurriendo a niveles subterráneos” mediante acciones que “de tiempo en tiempo salen a la luz hasta que se conviertan en normales”. El proceso gradual de ocupación “corre paralelo al agotamiento de las instituciones mexicanas” y finalmente “es inevitable que los espacios estratégicos que se generan en nuestro país sean ocupados por los norteamericanos”. Todo ha sido denunciado sin una respuesta sustantiva de nuestra parte.
El año electoral debiera servir para que asuntos tan graves se incorporaran al debate público en el marco de los proyectos alternativos. De otro modo la clase política estaría aceptando la derrota histórica y transformando la contienda en una sucesión de reverencias a los poderes fácticos. La renuncia prefechada a la integridad nacional.