Legislativo: injustificable dispendio
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Acontrapelo de las contracciones experimentadas en
importantes rubros del gasto público –como los subsidios a la energía eléctrica
y a los combustibles– y en los bolsillos de la población en general, el Poder
Legislativo experimentó, durante el año pasado, un ensanchamiento sin
precedente en el monto presupuestario ejercido por concepto de servicios
personales –que incluyen dietas de los legisladores–, gastos de operación y
servicios generales: la Cámara de Diputados dispuso por esos conceptos 5 mil
335 millones 335 mil pesos, en tanto que el Senado de la República ejerció 3
mil 613 millones 194 mil pesos durante 2011. Casi 9 mil millones de pesos, en
conjunto; más de 24 millones de pesos por día.
La exorbitante cifra de recursos erogada por el Congreso
durante el año pasado no guarda ninguna relación con la realidad económica que
enfrenta el conjunto de la población. Un botón de muestra es el hecho de que,
mientras el monto destinado para el gasto de los legisladores en 2011 fue el
más elevado en las últimas tres décadas, mismo periodo en que el salario mínimo
ha perdido 75 por ciento de su valor en términos reales. Además del
estrechamiento de sus ingresos, la población trabajadora del país padece la
aniquilación de sus prestaciones, conquistas y derechos laborales, como lo
demuestra el crecimiento del outsourcing en 170 por ciento durante la
reciente década, así como el crecimiento exponencial del empleo informal. Es
previsible, por lo demás, que esta situación se agrave si el Senado decide
avalar las reformas a la Ley Federal del Trabajo previamente aprobadas en San
Lázaro, las cuales buscan implantar un régimen laboral prácticamente
desprovisto de obligaciones para los patrones y de protección para los
asalariados.
En un entorno caracterizado por el dispendio y la
opacidad en el ejercicio de los gasto por parte del Ejecutivo –como ha sido
revelado en los documentos de la cuenta pública para 2011, y comentados el
pasado domingo en este espacio–, lo menos que cabría esperar del Legislativo es
que sus integrantes ejercieran las facultades de contrapeso que les
corresponden y que introdujeran elementos de racionalidad, control y
sensibilidad social a la conducción de los recursos públicos. En cambio, el
dispendio y el boato con que se despachan los legisladores desvirtúa su
condición formal de representantes populares, y contribuye a profundizar
la frustración de la sociedad ante el conjunto de la clase política.
Dicho descrédito es, por último, un ingrediente principal
de la pérdida de gobernabilidad y estabilidad política que se vive actualmente
en otras partes del mundo, principalmente en las naciones europeas en
dificultades económicas, cuyas poblaciones han sido sometidas a un
injustificable sacrificio social por sus autoridades y representantes. A menos
que el grupo gobernante en nuestro país esté dispuesto a enfrentar un escenario
similar, es necesario que comience a actuar con un mínimo de decoro y espíritu
republicano, principalmente en lo que concierne al manejo de las arcas
públicas.
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