MVS: ¿justicia también parcial?
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La juez federal Rafaela Franco Flores (quinto distrito en
materia administrativa) negó ayer la suspensión definitiva reclamada por la
empresa de telecomunicaciones MVS contra el procedimiento administrativo
mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la despojó
de la banda de 2.5 gigahercios (Ghz).
La semana pasada la misma funcionaria ya había rechazado
la suspensión provisional solicitada por el consorcio para seguir operando las
concesiones que posee en esa frecuencia. Con ello, la SCT queda en posibilidad
de perseguir el rescate de la banda en disputa. La perspectiva legal
no parece favorable para MVS, habida cuenta de que el gobierno alega que el rescate es
una acción de interés público y ante ese argumento los magistrados
tienden a rechazar las demandas de amparo.
Parecería correcto, en principio, que los órganos de
impartición de justicia no obstaculicen las acciones oficiales orientadas a
recuperar bienes que son propiedad de la nación, como es el caso del espectro
radioeléctrico en su conjunto, cuando los concesionarios de éstos no cumplen
con las condiciones establecidas para su explotación.
Pero, independientemente del buen o mal desempeño de MVS
en la utilización de los 2.5 Ghz, la decisión de retirarle las concesiones
correspondientes no parece orientada por ningún propósito de privilegiar el
interés público ni de preservar bienes nacionales, pues en materia de
telecomunicaciones, el actual gobierno nunca lo ha tenido.
Da la impresión, por el contrario, de que el rescate anunciado
el mes pasado por la Comunicaciones y Transportes responde, más bien, a los
intereses privados el duopolio televisivo que domina buena parte de las
emisiones y de las telecomunicaciones en el país, y para el cual MVS ha sido
siempre un competidor incómodo.
Tal parece que se basa en la marcada parcialidad de las
autoridades federales para con los consorcios Televisa y TV Azteca, a los
cuales han buscado favorecer en cada una de sus decisiones, hasta el punto de
consentir, recientemente, la integración de un monopolio entre ambos por medio
de su asociación a través de Iusacell. Otro dato significativo es la permanente
negativa a que Teléfonos de México pueda participar en el mercado de la
televisión, negativa que contrasta con las facilidades otorgadas a las empresas
televisoras mencionadas para que incursionen en la telefonía.
Estos antecedentes consolidan la sospecha de que la
administración calderonista no busca privar a MVS de la banda de 2.5 Ghz para
ponerla al servicio de la nación, sino para entregarla al duopolio al que ha
venido favoreciendo, en detrimento del interés nacional, de la pluralidad y del
libre mercado.
Sería pertinente que el Poder Judicial, en vez de dar por
buenos en automático los argumentos oficiales sobre interés público,
tomara en cuenta los antecedentes mencionados y operara como contrapeso a la
parcialidad y la discrecionalidad con la que se han administrado, en el curso
de este sexenio, las concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones.
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