Sepulta
el IFE solicitud de la izquierda para acelerar la fiscalización de gastos del
PRI
No
hay elementos jurídicos para alterar plazos ni para emitir dictámenes
provisionales, dice
Un
procedimiento apresurado sería equivalente a un juicio sumario, determinan
consejeros
Fabiola
Martínez
El
Instituto Federal Electoral (IFE) cerró la puerta a la petición del Movimiento
Progresista para acelerar la fiscalización de gastos de campaña de Enrique Peña
Nieto, con el argumento de que no hay elementos jurídicos para alterar plazos
ni para emitir dictámenes provisionales.
Por
unanimidad, los nueve consejeros rechazaron la propuesta de la coalición de
izquierda para un procedimiento extraordinario que arrojara resultados
preliminares de los ingresos y egresos del candidato presidencial del PRI y
afirmaron que una acción de esa naturaleza no generaría certeza jurídica en las
indagatorias en curso.
El
representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, argumentó que la Unidad de
Fiscalización no ha emitido reportes del destino de al menos 11 quejas, todas
relacionadas con el presunto gasto irregular e ilegal en la campaña de Peña
Nieto.
Las
conclusiones que se solicitan, dijo, así fueran preliminares representarían
datos fundamentales para el análisis que realiza actualmente el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dentro del juicio
promovido por el Movimiento Progresista para solicitar la invalidez de la
elección presidencial.
En
tal caso está Monex (triangulación de recursos para financiar la estructura de
representantes del tricolor), queja 58/12. El IFE señaló que el plazo de
sustentación de la queja vence el 25 de agosto próximo. Este expediente se
abrió tras una denuncia interpuesta por el PAN, que dio pie a una investigación
de la comisión de quejas, la
cual detectó un fondeo de más de 70 millones de pesos para alimentar poco más
de 9 mil tarjetas que, según la querella panista, habrían servido para el pago
de representantes del PRI en las casillas.
Además,
la presunta contratación ilegal de tiempos en medios de comunicación, el
reparto de tarjetas Soriana (para la compra y coacción del voto) y los costos
de un acto del candidato priísta en el estadio Azteca, por mencionar algunas.
El
representante perredista pidió a los consejeros electorales mostrar
sensibilidad ante el momento político y jurídico que vive el país, a fin de
contar con un dictamen respecto de las quejas, en particular con aquellas
vinculadas con la calificación de la elección presidencial.
Márquez
también apeló a la voluntad de los consejeros para transparentar origen y
destino de los recursos utilizados en la campaña, en un momento excepcional
decircunstancias políticas y jurídicas que darían un gran reconocimiento a este
Consejo General para abonar a la cultura de rendición de cuentas.
Explicó
que el acuerdo propuesto no sustituye al procedimiento ordinario de rendición
de los informes de cada partido y tampoco interfiere en el programa de
fiscalización acordado por este Consejo General.
Sin
embargo, los consejeros hicieron bloque para votar en contra del acuerdo;
refutaron –con matices– la propuesta con el argumento que no hay fundamento
para acortar cinco meses el dictamen e informe final de la Unidad de Fiscalización,
y tampoco –expresó el consejero Alfredo Figueroa– para decir ¡por arte de
magia resuélvase!
Mencionaron
incluso que un procedimiento apresurado sería equivalente a un juicio sumario,
en momentos en que no hay evidencia de rebase de tope de gastos de campaña,
precisamente porque los partidos no han entregado su informe final.
Una
auditoría acelerada, dijo el consejero presidente Leonardo Valdés, vulneraría
el marco legal que los propios partidos aprobaron acerca de la entrega de
informes de campaña a más tardar el 8 de octubre, a fin de que la Unidad de
Fiscalización emita sus dictámenes en enero de 2013.
La
negativa a la petición del Movimiento Progresista se suma al rechazo de los
magistrados a una solicitud similar para que el tribunal electoral ordenara al
instituto concluir los procedimientos y quejas pendientes relacionados con el
gasto de Peña.
Los
consejeros señalaron que en mayo pasado fue aprobado un acuerdo para adelantar
el proceso de fiscalización, a fin de que los partidos entregaran sus
reportesdentro de los 60 días (hábiles) siguientes a la jornada electoral,
lapso que vence el 8 de octubre. A su vez, la autoridad fiscalizadora deberá
emitir su informe de este rubro a más tardar el 30 de enero de 2013 y no en
mayo de ese año como originalmente estaba programado.
Valdés
Zurita dijo que el código electoral posibilita la reducción del periodo de
revisión para hacer una fiscalización más expedita, mas no encuentro
fundamento para que se apruebe un dictamen provisional que contenga
conclusiones parciales que no estén sustentadas en la propia información que
los partidos políticos deben aportar en términos de la ley electoral.
Por
ello, agregó, este consejo general debe emitir únicamente un dictamen
consolidado, cuyas conclusiones estén sustentadas en un procedimientos
exhaustivo, cierto y que ponga fin a la revisión de los gastos de campaña de
todos los partidos políticos.
Adicionalmente,
no se podría resolver en cinco días las quejas relacionadas con el juicio de
inconformidad del Movimiento Progresista, porque la Unidad de Fiscalización es
un ente con autonomía técnica.
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