La urgida continuidad
Luis Linares Zapata
El sistema de poder en México ha decretado el
cierre de filas ante los que define como golpeadores sin destino ni utilidad.
Las astillas que le viene clavando la coalición progresista a la alegada
limpieza y legitimidad de la elección rebasaron el angosto límite de su
tolerancia. Los patrones consideran que las agresiones a Soriana, por la cual
se rasgan las vestiduras para defenderla con desplegados, justifican su alarma.
Es imperativo, dicen, retornar al orden y que sea de inmediato. La nación –de
la que sin duda podrían adjudicarse la propiedad– no tiene tiempo que perder.
Alentar un clima de intemperancia no se empareja, afirman sin dubitaciones, con
el estado de derecho. Este clima, en cambio, es improcedente e injustificable
camino, asientan en su lacónico desplegado los regidores de las cúpulas
empresariales.
La escuálida opinocracia y los mismos medios
de comunicación que la aúpan y le imponen conservadores patrones de conducta y
libertades, son reflejo fiel de ese ambiente que se intuye dominante en los
círculos donde moran las élites del país. La continuidad no puede quedar sujeta
al inclemente griterío desatado desde las izquierdas, exclaman indignados. Las
pruebas presentadas ante el IFE y otras instancias, los razonamientos empleados
en la difusión cotidiana de las izquierdas, no asientan palmariamente y sin
dejo de dudas la invalidez de la pasada elección. Son, escriben y dicen los que
se han tomado el trabajo de escrudiñar al menos algo de tales expedientes, un
conjunto deshilachado de suposiciones, recortes de prensa y datos inconexos.
En el campo de los inconformes protestantes,
sin embargo, las ilegalidades cometidas por los priístas han ido surgiendo de
manera consistente y apuntan, sin equívocos que valgan distracciones, a un
proceso manoseado, turbio, ejecutado con rudas prácticas abusivas. Las
denuncias contienen, a su parecer –y el de ciertamente ahora ya millones de
mexicanos más–, demasiados indicios, datos duros, documentos concisos y un
inocultable entramado que apunta hacia la intentona de comprar, con miles de
millones de pesos ensartados en una trama corrupta, la Presidencia de la
República.
No más contemplaciones con los rebeldes, con
los malos perdedores, con los que, paso a paso, hacen el ridículo con sus
denuncias sin fundamento, es, sin ambages, la audible resonancia que truena en
el espacio público. Sobre todo en ese espacio que, como bien se sabe, está
sujeto a controles y al manipuleo distorsionador de difusores y sus personeros:
una aceitada ralea que plaga el aparato de comunicación nacional. Los anatemas
circulan sin tapujos en los medios y las condenas caen sin miramientos sobre el
rebelde perdedor. No faltan los insultos dirigidos contra quien se resiste a
reconocer lo que para otros es ya un hecho consumado: E. Peña Nieto, presidente
electo. Sentencia que, anticipan enterados con dominio del escenario político,
se decretará antes de la fecha límite fijada al TEPJF.
Ya hay, por tanto, hasta quienes empiezan a
recomendarle a EPN acciones drásticas a corto plazo para su feliz
entronización. Le piden que, a semejanza de lo que otros titulares del
Ejecutivo han hecho, elija sus propios paganos. Lanzar, apenas se siente en La
silla y ocupe Los Pinos, las centellas y dictados a su alcance. Hay prisa por
asomar el peso de la mano, la autoridad, mostrar la capacidad de mando, esa
férrea y displicente utilización de los instrumentos mal llamados
legitimadores. La ciudadanía responsable sabrá aquilatar tales valentías, le
dicen, concluyendo así sus asesorías interesadas.
Al margen de lo dicho y escrito hasta ahora
prevalece un hecho en extremo inquietante: la cuenta del gobierno del Edomex en
Scotiabank, mostrada como evidencia superveniente de ilícitos por la coalición
de izquierda. Reconocida por el mismo gobernador Eruviel Ávila, se aseguró,
como descargo, ser útil vehículo para invertir ingresos propios. Es difícil, si
no imposible, sin embargo, aceptar tal procedimiento para rellenar el propósito
revelado. Trasladar recursos masivos de una cuenta de Bancomer (cuya
titularidad es también del gobierno del Edomex) en enormes cantidades (8 mil
millones de pesos) y después, casi de inmediato, sacarlo en efectivo es, a
todas luces, un tratamiento bajo sospecha. ¿Por qué se extraen, en tiempos
electorales álgidos, tales sumas en billetes que, piensan, no dejarán rastro?
¿Adónde fueron a dar, finalmente, tan grandes cantidades? ¿Cuál es la norma que
permite a los funcionarios mexiquenses esa práctica? Pero las que parecen
quedar en un callejón sin salida son las preguntas dirigidas a otras
autoridades. Por ejemplo, a la SHCP, con su presumida área de inteligencia
financiera, que pasa de largo ante una irregularidad de ese tamaño sin armar
gran escándalo. Del Cisen hay ya poco que esperar aunque la materia es de
seguridad nacional; lo mismo se predicaría de la ineficiencia de la PGR y sus
derivaciones subordinadas. En el Congreso local y su cuerpo de auditoría, ¿qué
opinan? La poco célebre Comisión Bancaria y de Valores, ¿tuvo al menos algún
indicio de tan voluminosos trasiegos bancarios en efectivo? Ocho mil millones
de pesos sin duda son un grueso porcentaje del presupuesto del Edomex, cuyas
huellas al parecer ¿se disolvieron en sólo unos cuatro o cinco meses? Se conoce
que, tan pronto como se registraban las varias transferencias bancarias, los
recursos se sacaban de inmediato, como se ha dicho, en efectivo: a veces 100,
otras 200 o más millones y ¿no dejaron huellas? Se requirió, con seguridad, un
carrusel de transportes para tanto papel. Pero nadie, salvo la revista Proceso,
ha puesto el dedo en ese particular renglón de transferencias en efectivo. Los
demás críticos, analistas, articulistas (suscritos a la opinocracia), que tan
proclives se muestran hoy en día como seguidores rigurosos del proceso bajo
impugnación, no han pronunciado palabra alguna al respecto. Todos, al unísono
llamado de sus patrocinadores, se concentran en apremiar al rebelde a ir por el
camino correcto, por la negociación y la modernidad. Conciliar un sistema que
permite el uso dispendioso, discrecional e impune de los recursos públicos con
la vida democrática es, al parecer, fútil tarea.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario