La partera de la imposición
John M. Ackerman
El Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste
en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de
un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de
comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de
malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Pena Nieto de cualquier
responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde
hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación
apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del
autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.
A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The
Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente
documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por
cometer un sistemático fraude a la ley con la adquisición ilegal de
espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su
campaña presidencial.
En su queja, el PRD trae a colación la irregular
transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de
Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos
expedida al gobierno del estado de México por los comentarios de
Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entrevistas sumamente
sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula
el pasado 18 de abril, entre otros casos.
Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y
emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos,
los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases
de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el
caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los
periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social
del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o
Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las
principales televisoras.
De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá
porque los indicios aportados por el PRD no descansan en alguna prueba
cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no
puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos
a través de diversos medios de convicción. En otras palabras, supuestamente no
existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro
en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y
las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves
irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En
contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios
electrónicos que controvierten lo afirmado por el periodismo nacional
e internacional.
El consejero Benito Nacif demostró con particular
claridad este doble estándar durante la sesión pública del IFE el jueves
pasado. Por una parte, descalificó la queja del PRD, por estar basada en notas
periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada
como simples indicios. Pero por otro lado, eleva como verdad irrefutable los
dichos precisamente de otro periodista, Carlos Loret de Mola, quien manda
una carta aclaratoria, negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo
en contexto lo que sí dijo y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a
una posible admisión de algún esquema de compraventa de tiempos en radio y
televisión con fines electorales.
Queda evidenciada la parcialidad del IFE. Solamente los
periodistas avalados por el régimen serían creíbles. Los otros pueden irse a sus
casas.
Para justificar sus desmanes, los consejeros dicen que
supuestamente defienden la libertad de expresión y la presunción
de inocencia e imponen toda la carga de la prueba a los denunciantes. De
acuerdo con su muy particular visión de la realidad nacional, habría que
suponer que el periodismo se ejerce de manera libre e independiente en el país
y solamente podrán empezar a investigar si se les presentan datos inconmovibles de
que esto no sea el caso.
Pero cualquier ciudadano en su sano juicio supondría
precisamente lo contrario. Todos los estudios internacionales más importantes
en la materia señalan a México como uno de los países más difíciles para
ejercer el periodismo libre, por presiones tanto del narcotráfico como del
gobierno, y con una de las concentraciones de propiedad más altas en la
materia. Y no podemos olvidar que el manejo de jugosas concesiones de radio y
televisión no es principalmente un servicio social, sino un negocio para sus
dueños. Esto queda particularmente claro a raíz de los escándalos recientes.
En este contexto, es francamente irresponsable presumir
que el dinero y la política no tendrían influencia en los medios. Con su
indolencia, el IFE avala el estado actual de manipulación mediática y pone más
leña al creciente fuego de la inconformidad social.
Twitter: @JohnMAckerman
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