Assange: asilo digno y persecución ominosa
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa,
anunció ayer la concesión de asilo diplomático al fundador de Wikileaks,
Julian Assange, quien se encuentra refugiado en su embajada en Londres desde el
pasado 19 de junio. Como se recordará, hasta esa fecha el australiano estuvo
casi dos años sometido a arresto domiciliario en territorio inglés, como consecuencia
de una demanda de extradición de Suecia para interrogarlo por presuntas
agresiones sexuales, sin que hasta la fecha exista contra él una sola acusación
formal.
El también directivo de Sunshine Press ha expresado su
temor de que la extradición a Suecia sea sólo una coartada para entregarlo al
gobierno estadunidense, el cual, sin investigación de por medio, lo ha acusado
de colaboración con terroristas por la tarea de Wikileaks de dar a
conocer cientos de miles de documentos secretos del Pentágono y del
Departamento de Estado. Tales revelaciones han confirmado la comisión de
crímenes de lesa humanidad por las fuerzas militares de Washington en
Afganistán y en Irak y han documentado el permanente e ilegal injerencismo de
Estados Unidos en prácticamente todos los países en los cuales mantiene
representaciones diplomáticas.
La decisión de las autoridades de Quito de dar protección
al informador perseguido tendría que ser considerada un trámite rutinario de
aplicación del derecho internacional –particularmente de las convenciones de
Viena y de Caracas– y de las leyes ecuatorianas, ante la cual el gobierno
británico no tendría que objetar la salida de Assange, mediante la expedición
de un salvoconducto, de la sede diplomática hacia el aeropuerto, y de allí a
Ecuador. Pero los amagos de Londres de impedir a toda costa la partida del
periodista han generado ya una crisis diplomática que contrasta con la
insustancialidad de la investigación por delitos sexuales, y la dejan ver como
una coartada para llevar a cabo una tarea política mayor: la de cobrar venganza
contra el australiano por haber evidenciado algunos de los aspectos más
impresentables del poder público en decenas de países.
Si algo corrobora esa presunción es el conjunto de
atropellos perpetrados por Washington contra el soldado Bradley Manning,
acusado de haber entregado aWikileaks la documentación que prueba los
crímenes de guerra cometidos por los invasores en Afganistán e Irak. Mientras
los autores materiales e intelectuales de esas atrocidades permanecen libres e
impunes, el hombre que presuntamente dio a conocer sus delitos ha sido sometido
a torturas, largos periodos de aislamiento y, a la postre, al juicio de una
corte marcial que podría condenarlo a cadena perpetua.
Se configura, de esta forma, un escenario poco usual, en
el cual un gobierno democrático latinoamericano sale en defensa de los derechos
humanos, la libertad de expresión y la integridad de un perseguido
internacional, en tanto las autoridades de Washington, Estocolmo y Londres, que
tanto se precian de promover la libertad, la justicia y la democracia, participan
en una concertación trilateral para aplicar con Assange un escarmiento a todo
ciudadano de cualquier país del mundo que ponga al descubierto la turbiedad
interna del poder y, en general, para preservar la opacidad y la impunidad de
las acciones gubernamentales en casi todo el mundo.
En cuanto a la amenaza inglesa de recurrir incluso a un
asalto a la legación ecuatoriana para capturar a Assange, denunciada anteayer
por el propio Correa, cabe señalar que tal despropósito no tiene fundamento
legal y que su realización sería un acto de inadmisible salvajismo.
Las autoridades de Londres no debe descender a simas de
barbarie semejantes, lo procedente es que, a la brevedad, otorguen un
salvoconducto a Assange para que pueda abandonar el territorio británico. Para
lograrlo será fundamerntal la movilización de la opinión pública mundial, que
tanto debe, en materia de transparencia, democracia y acceso a la información,
a Wikileaks y a su fundador.
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