Ilegitimidad electoral : Sergio Cortés Sánchez

Ilegitimidad electoral

Sergio Cortés Sánchez

De los cinco principios rectores que fundamentan la existencia del Instituto Federal Electoral (IFE), no se cumplió ninguno en la reciente elección federal. No sabemos si los resultados comiciales expresan la voluntad de los electores o el dispendio de recursos públicos para comprar votos; el respeto a la normatividad vigente es la garantía de la convivencia social y Enrique Peña Nieto (EPN) violentó los topes de campaña; utilizó indebidamente recursos públicos y recibió financiamiento de particulares en montos superiores a los permitidos, no hubo legalidad; el órgano electoral no fue autónomo a los poderes ni ejerció sus facultades para promover indagatorias sobre la compra de voto; tuvo favoritismo hacia Peña Nieto y no valoró de manera objetiva las acciones de ese personaje que negaban la legitimidad del proceso electoral. Estas apreciaciones son el sentir de tres de cada cinco ciudadanos del municipio de Puebla que, en una encuesta telefónica aplicada los pasados días 6 al 8 de julio, manifestaron que no hubo certeza, que el proceso fue ilegal; que no se respetó el voto; no hubo igualdad de oportunidades para los contendientes en los comicios presidenciales; que el acceso a los medios de comunicación fue inequitativo y quela televisión trató de forma desigual a los partidos políticos.

Las condiciones en que se desarrollaron las elecciones federales fueron diferentes a los anteriores comicios del mismo tipo: una de cada cinco personas de las denominadas económicamente activas  está desempleada; trabaja pero no recibe ingresos o simplemente ya no busca empleo; uno de cada cuatro habitantes carece de ingresos suficientes para la ingesta de alimentos básicos, y uno de cada dos habitantes vive en condiciones de pobreza. Las particularidades de los ciudadanos del municipio de Puebla que disponen de teléfono en sus viviendas no es diferente: a cuatro de cada cinco familias  sus ingresos actuales le rinden menos que el año anterior; uno de cada dos familias dice que su actual situación económica es peor que la del año previo; dos de cada tres ciudadanos consideran que el presidente de la República no tiene el control de la economía y que el país va por un rumbo equivocado, y un poco más de la mitad responsabiliza al presidente de la República de esa situación. Pero los problemas no sólo son económicos; la lluvia al caer sobre mojado incluye a la inseguridad pública: tres de cada cuatro ciudadanos sienten que ellos y sus familias están más inseguras, y que en el municipio hay mas inseguridad con relación al año anterior; uno de cada dos ciudadanos dice que durante el primer semestre del año en curso fue víctima de un robo o asalto y siete de cada 10 ciudadanos dicen que la policía es corrupta.

Ante tantas desgracias la ilusión renació como una necesidad para revertirla, o al menos encararla, con una administración pública que asumiera las demandas populares y que fuera honesta y eficiente; la vía, la comicial. Las instituciones  se han pervertido y desvalorizado por el incumplimiento del estado de Derecho y por no satisfacer las necesidades materiales de la sociedad ni garantizar el disfrute de las garantías individuales. De cada 10 ciudadanos del municipio de Puebla, nueve no confían en los legisladores y senadores: ocho desconfían de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo en sus tres niveles y del Poder Judicial y seis de cada 10 no le tienen confianza a los medios de comunicación. El IFE se desvaloriza aceleradamente: 53 por ciento le tenía poco o ninguna confianza a los consejeros en el año 2005; el año pasado, era 72 por ciento de la ciudadanía a quien no le inspira confianza. Hoy, en tan sólo dos semanas,  la confianza en el IFE, en una escala del 1 al 10, pasó de 6.5 puntos el 22–24 de junio al 5.5 puntos los días 6–8 de julio y sobre la objetividad y neutralidad del IFE, un poco más de la mitad de los ciudadanos dicen que no lo fue. Hay suficientes y fundamentadas razones para estar inconformes con el árbitro: fue cómplice, por omisión, de la ilegitimidad e ilegalidad del proceso electoral.

No hubo recato alguno en la compra de votos: cuatro de cada cinco ciudadanos  del municipio de Puebla creen que sí la hubo; el comprador fue el PRI según lo manifestado por tres de cada cinco ciudadanos. A una de cada cuatro familias le ofrecieron beneficios económicos por su voto y nuevamente el monopsonio lo ejerció Enrique Peña Nieto. Un poco de credibilidad y saneamiento de las instituciones era necesario, sobre todo, después de doce años de ineptitud y corrupción, así lo exigíamos muchos, en particular los jóvenes que creyeron que la razón y el voto eran suficiente para ganar en un Estado de Derecho. Tanto los electores que creían que ganaría Josefina Vázquez Mota como aquellos que creían que el presidente sería Andrés Manuel López Obrador consideran que el no haber ganado se explica por la compra y el fraude electoral, aunque la intensidad de esa respuesta es diferente; los panistas creen que Josefina Vázquez no ganó principalmente por qué no tuvo apoyos de su partido ni de Felipe Calderón en tanto que siete de cada 10 amlistas dicen que Peña Nieto compró y coaccionó el voto y que por esa razón no ganó su candidato.

A juicio de los ciudadanos que radican en el municipio de Puebla y tienen credencial de elector y teléfono residencial, lo que debería hacer Andrés Manuel López Obrador es aceptar el resultado (40 por ciento); otros dicen que debe impugnarlo y seguir la lucha (27 por ciento). Por edad hay diferencias, los ciudadanos menores a 30 años se manifiestan en mayor porcentaje por continuar luchando e impugnar el resultado y los que tienen entre 30 y 49 años se muestran más prudentes. Los que siguen prendidos, tanto como los jóvenes, son de los 50 años o más. Visto por cohorte, la plataforma electoral que garantizaba una mejor calidad de vida para la población adulta es el de López Obrador, quizá por ello los antiguos Insen y prospectos le sigan siendo solidarios con esa causa, que no les es ajena.