Acuerdo innecesario y sintomático
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
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El Instituto Federal Electoral (IFE) convocó
ayer a los partidos políticos y a sus respectivos candidatos presidenciales a
suscribir un acuerdo de civilidadcon el supuesto fin de dotar de
certidumbre jurídica al proceso electoral en curso y garantizar que los
resultados del próximo primero de julio serán respetados. La convocatoria del
organismo electoral se inscribe en el contexto del llamado realizado hace unos
días por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual instó a partidos y
candidatos a comprometerse por escrito a respetar la normatividad y las
decisiones del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
Es sin duda deseable que los procesos
comiciales constituyan vías pacíficas para la solución de conflictos, no que
formen parte de los mismos, y nadie podría negar la necesidad de que todos los
actores involucrados en una contienda de este tipo se comporten siempre con
pleno apego a los lineamientos legales vigentes y a las resoluciones de las
autoridades correspondientes.
Sin embargo, resulta revelador y hasta
sintomático que la autoridad llame a suscribir un acuerdo extraordinario para
cumplir con lo que, en sentido estricto, ya está estipulado en la ley. Las
normativas actuales en materia electoral establecen, de hecho, diversos cauces
institucionales para la impugnación y la resolución de potenciales conflictos
poselectorales, y dotan al IFE de herramientas y facultades para hacerlas valer
y sancionar posibles infracciones. En un pleno estado de derecho, tendría que
bastar con los mecanismos estrictamente legales para garantizar el buen curso
de una contienda como la actual.
La convocatoria a suscribir el citado acuerdo
de civilidad es tanto más cuestionable si se toma en cuenta que el IFE la
realiza a instancias del órgano cúpula del sector privado; que esa asociación
empresarial carece, como tal, de atribuciones legales para plantear exigencia
alguna a autoridades, partidos y candidatos, y que el historial del CCE en
materia electoral dista mucho de reflejar su pretendido compromiso con la
certeza jurídica, la concordia social y el respeto a la legalidad durante esos
procesos, como quedó de manifiesto con la campaña sucia que ese organismo llevó
a cabo hace seis años para desacreditar al principal candidato opositor, y como
puede verse ahora, con su determinación de impugnar, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las reformas legales que prohíben a
particulares contratar espacios en radio y televisión para emitir mensajes
proselitistas.
Por lo demás, para que el citado acuerdo
tuviera un mínimo de sentido, éste tendría que hacerse extensivo, entre otros
actores, al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien en
semanas recientes ha venido practicando una intromisión cada vez más desembozada
en la contienda –ya sea en declaraciones a la prensa, en mensajes en redes
sociales o mediante miembros de su gabinete– con el inocultable fin de denostar
a los aspirantes opositores y apuntar a la candidata oficialista, en forma
similar a como lo hizo su antecesor hace seis años.
Sin poner en duda la afirmación del consejero
presidente del IFE, Leonardo Valdés, de que de este proceso electoral
depende la estabilidad política del país, es claro que la legalidad y
legitimidad de los comicios no depende tanto de la suscripción de acuerdos como
el referido, sino de la voluntad y capacidad del IFE y del TEPJF para valerse
de los mecanismos de los que disponen para dotar de certidumbre a la elección y
sancionar conductas indebidas de partidos, candidatos, autoridades y
particulares; de su disposición para remontar el déficit de credibilidad que se
ganaron a pulso por su desempeño en las elecciones de 2006, y para actuar, en
suma, de forma contraria a como lo hizo hace seis años: como árbitros y jueces
electorales coherentes, firmes e imparciales, más allá de toda duda.
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