ABC: trienio de impunidad
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
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La conmemoración del tercer aniversario del
incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, subrogada a particulares
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que murieron 49 niños
y resultaron heridos 76 más, estuvo marcado por una nueva oleada de
movilizaciones de los padres de los difuntos, quienes en una misiva exigieron a
las autoridades la realización de nuevas pesquisas sobre el caso, la aplicación
de las sanciones a que den lugar y el cese al encubrimiento de individuos como
Juan Molinar Horcasitas y Javier Lozano Alarcón, ex titulares del IMSS y de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respectivamente. El primero de esos
ex funcionarios insistió ayer en su inocencia, afirmó que ya ha sido
investigado y absuelto por las instancias judiciales correspondientes y dijo
respetar su remoción del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, anunciada
por la candidata presidencial panista el pasado lunes en su visita a la
Universidad Iberoamericana.
Es necesario recordar que la tragedia de la
guardería ABC fue consecuencia de una cadena de negligencias y omisiones
atribuibles, en primer lugar, a los propietarios de la estancia infantil
concesionada, pero también a las autoridades locales –que permitieron la
habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás
inadecuados– y al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS,
la operación de estos centros a particulares, y que es, por tanto, el
responsable de que sean operados en condiciones adecuadas. No obstante, el
desorden y la opacidad que caracterizan el esquema de subrogación de estancias
para menores se conjugaron, en el caso de la guardería ABC, con la ausencia de
condiciones mínimas de seguridad en el inmueble incendiado, el cual carecía de
extintores, detectores de humo y salidas de emergencia, así como de personal
suficiente para la atención de los pequeños.
La imprevisión y la indolencia
gubernamentales que dieron pie a la tragedia se agravaron, en los meses
posteriores, por las actitudes tardías, erráticas e improcedentes en las
investigaciones sobre el caso por parte de la administración federal, elementos
que obligan a suponer un designio de impunidad para los presuntos implicados en
los lamentables acontecimientos. El hecho es que, hasta ahora, sólo
funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia, y ninguno
se encuentra en la cárcel. En contraste, en estos años ha quedado de manifiesto
la renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a
los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares
de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la
esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo
propio con los funcionarios y ex funcionarios que tuvieron alguna
responsabilidad en la tragedia.
En ese sentido, la solicitud de Josefina
Vázquez Mota a Molinar Horcasitas de quese aparte de su campaña
presidencial luce como una maniobra de distracción y de control de daños antes
que como un gesto de buena voluntad hacia las víctimas y sus deudos: si así
fuera, los dichos de la aspirante presidencial tendrían que ir acompañados de
las consecuentes demandas de investigación y castigo para el ex mandatario
sonorense, para el propio Molinar y para Lozano Alarcón, cuya dependencia tenía
la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería
incendiada en la medida en que era un centro de tabajo, y quien reviste, en
consecuencia, una responsabilidad política similar a la que recae sobre el ex
titular del IMSS.
En resumen, a 36 meses de la tragedia en el
inmueble subrogado por el IMSS el saldo es desolador: 49 niños muertos, siete
decenas de heridos y responsabilidades documentadas de funcionarios y ex
funcionarios públicos, pero ningún culpable relevante ni indicio alguno de
voluntad gubernamental para enmendar el desastroso régimen de subrogación de
estancias infantiles. Tales elementos, en conjunto, ponen de manifiesto el
menosprecio de autoridades estatales y federales, actuales y pasadas, por la
vida y el bienestar de la población y de sus segmentos más vulnerables: los
bebés y los niños.
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