Minas: persistente impunidad
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La inundación ocurrida este viernes en un
pozo de carbón en el ejido de San Felipe el Hondo, municipio de Sabinas,
Coahuila, donde dos mineros quedaron atrapados, ha vuelto a poner de manifiesto
la indolencia e inoperancia de las autoridades federales en materia de
protección de los obreros en general.
De acuerdo con
información disponible, el siniestro se originó cuando los trabajadores, que
carecían de mapas de los sitios donde realizaban maniobras, perforaron con una
excavadora manual el brazo subterráneo de un manto acuífero, y aunque una
docena de ellos pudo ponerse a salvo, ni Reyes Julián Rodríguez, de 20 años, ni
Raymundo Zavala Espinoza, de 56, corrieron con esa suerte.
La ausencia de mapas no
era, al parecer, el único factor de riesgo, pues, según han denunciado
organizaciones de la sociedad y testimonios de los propios mineros, los
patrones de la mina no proporcionaban equipo de salvamento ni de seguridad
elemental a sus empleados, ni proveían a sus pozos de ventilación necesaria
para prevenir concentraciones de gas o explosiones al interior de los
yacimientos.
Es inevitable vincular
el percance registrado anteayer en el municipio coahuilense con el que tuvo
lugar hace seis años en Pasta de Conchos, episodio que cobró la vida de 65
mineros –cuyos cuerpos siguen sin ser rescatados–, y que se saldó no en una
investigación y sanción para los responsables de las condiciones de inseguridad
en que operaba el socavón –en concreto, contra Grupo México, de Germán Larrea–,
sino en una campaña gubernamental de encubrimiento para la parte patronal y de
persecución contra el sindicato minero, que persiste hasta hoy. Según puede
verse, tal circunstancia no sólo representó un doble agravio para las víctimas
y sus familiares, por cuanto canceló la procuración e impartición de justicia,
sino que abrió un amplio margen de impunidad al cobijo del cual han ocurrido
nuevas tragedias, como la referida.
El episodio de Sabinas
ha puesto en relieve, por lo demás, condiciones laborales difícilmente
distinguibles de la esclavitud, que ocurren en el contexto de una política
económica que preconiza la depredación de los recursos humanos y naturales. No
es casual, pues, que los derrumbes, las explosiones y las inundaciones en minas
cobren vidas humanas con una frecuencia inaceptable, en accidentes que podrían
evitarse: en la lógica de maximización de ganancias que caracteriza al
neoliberalismo, cualquier gasto en la seguridad de los trabajadores implica una
reducción –intolerable, para los patrones– en los márgenes de utilidad de las
empresas.
En lo inmediato, y más
allá de la necesaria corrección de esta circunstancia –que implicaría un
urgente viraje en el modelo económico vigente–, la obligación principal del
gobierno es exigir a los empresarios mineros mayores inversiones en seguridad y
emprender las medidas necesarias para sancionar las deplorables circunstancias
en que suelen desempeñar sus actividades los trabajadores; en la medida en que
esto no ocurra, las autoridades estarán alentando la repetición de estos
escenarios de muerte y devastación ambiental y social.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario