EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
CFE: abusos de clase mundial
La comisión especial de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que revisa los altos cobros realizados
por la Comisión Federal de Electricidad, instancia legislativa encabezada por
Aleida Alavez, informó ayer que sólo entre enero y marzo de este año se
presentaron unas 30 mil denuncias contra la CFE. En forma paralela, dijo la
diputada Alavez, en días recientes se han intensificado las amenazas e
intimidaciones contra usuarios que interponen quejas ante la comisión que
preside.
En efecto, desde la
semana pasada han cobrado fuerza, en diversas regiones del país, las protestas
contra los cobros desmesurados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
las medidas de fuerza y coerción, de dudosa legalidad, adoptadas por esa
entidad paraestatal contra usuarios que intentan recursos legales para defenderse
y la persecución judicial contra quienes buscan organizar el descontento
ciudadano, como es el caso de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas,
quienes permanecieron encarcelados 11 meses en Campeche en 2009 y 2010, el de
Lucila Bettina Cruz en Oaxaca, o el de Francisco Hernández Ochoa en Chihuahua.
En el centro del país la
masiva inconformidad –que se expresa, entre otras formas, en unos 60 mil
recursos de inconformidad presentados el año pasado contra la CFE ante la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)– se origina en el asalto policial
a a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenado por Felipe
Calderón, la extinción de esa paraestatal y la transferencia masiva de usuarios
y contratos a la CFE, con lo cual los consumidores no sólo sufrieron la
multiplicación exponencial de las fallas en el suministro eléctrico, sino
empezaron a recibir cobros con incrementos disparatados de la tarifa y, en no
pocos casos, impagables. Muchos de quienes han recurrido a las instancias
legales para evitar los pagos que se les exigen han debido enfrentar cortes
eléctricos improcedentes y hasta ilegales, realizados, con frecuencia, con
participación policial y hasta militar.
Por añadidura, el
remplazo de LFC por la CFE conllevó apagones inusualmente prolongados que
significaron pérdidas económicas mayúsculas para decenas de miles de pequeños y
medianos negocios, así como bruscas variaciones de voltaje que causaron
desperfectos incuantificables en hogares, oficinas, talleres, expendios y
locales de servicios. Ninguno de esos costos, con cargo a la sociedad, se
incluye en los altísimos recursos que el gobierno federal admite haber
invertido en la liquidación del organismo paraestatal que distribuía
electricidad en el centro del país. Tampoco se registra, claro, el costo del
desempleo –unos 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) fueron lanzados a la calle de golpe–, ni de la exasperación
social causada por el designio de destruir a LFC y a su sindicato.
Estos descontentos por
la arbitrariedad y los abusos de la CFE vienen de mucho atrás en otras
regiones, como es el caso de la franja fronteriza, donde esa entidad
paraestatal coloca a muchos suscriptores –usuarios obligados de aire
acondicionado, por las características climáticas de la región– en la
alternativa de pagar la electricidad o comer; otro tanto ocurre con miles de
productores agrarios, para quienes las altas tarifas eléctricas hacen inviable
su actividad.
Se ha señalado en
reiteradas ocasiones que los incrementos de las tarifas eléctricas se explican,
entre otras razones, porque la paraestatal se ve obligada a invertir sumas
crecientes de dinero en la contratación –por lineamientos procedentes de las
más altas esferas gubernamentales– de productores particulares de electricidad,
aunque con ello no sólo se encarece artificialmente el costo de la energía,
sino se contraviene el espíritu del artículo 27 constitucional.
Por las razones que
fuera, es de obvia necesidad que el próximo gobierno enmiende la catástrofe
social y financiera causada por el actual con su decisión de destruir LFC y de
manejar el sector energético con criterios de depredación nacional y social. Es
pertinente, asimisimo, poner sobre la mesa la adopción de una tarifa social
para la electricidad, como ha venido proponiendo el SME, así como incluir el
abasto eléctrico entre los servicios básicos que han de ser considerados un
derecho. En lo inmediato, la administración calderonista debe cesar de
inmediato el acoso contra los consumidores de electricidad y permitir que las
quejas de éstos sean resueltas en forma legal y sin presiones ni amenazas
policiales y legales.
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