Un IFE responsable : Manuel Bartlett

Un IFE responsable
Por Manuel Bartlett
Con las precampañas inicia el proceso para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo. Si bien la preparación empieza tiempo antes, la entrada de precandidatos y candidatos en campañas es el principio de la competencia que concluirá el día de la elección y su declaración de validez por el Tribunal Electoral.
Regirá al proceso el código aprobado por el Congreso en 2007 y promulgado el 11 de enero del 2008 por Felipe Calderón, el primer obligado a garantizar su estricto cumplimiento.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, como se le llama, regula instituciones y procedimientos en 394 artículos y 12 transitorios. Legislación producto de la historia del esfuerzo por construir nuestra democracia: avances, crisis electorales, reformas, regresiones. Recorrer sus capítulos revela antiguas continuidades y adiciones diseñadas para superar problemas y malas experiencias. Podemos concluir que pese a defectos e interpretaciones equivocadas señaladas, es un Código, que si se aplica con honestidad y rigor, permitirá a la ciudadanía decidir su futuro sobre el desastre económico y social en el que nos debatimos.
El IFE es un enorme aparato, desde su órgano superior, el Consejo General, juntas locales, distritales, vocales ejecutivos, direcciones ejecutivas hasta las casillas con personal insaculado, apoyado por un Servicio Profesional Electoral. Organismo ampliamente capacitado y responsable de la equidad e imparcialidad que exige la Constitución.

Toda la elección es encuadrable en el Código, reglamentos, jurisprudencia, direcciones ejecutivas, comisiones de vigilancia, instancias para denuncias y un amplio régimen sancionador, para hacer cumplir sus objetivos explícitos.
Se regulan las precampañas para evitar la maniobra de Vicente Fox, gobernador de Guanajuato ausente pero candidato permanente a la Presidencia con enorme gasto aportado por “amigos”, que impusieron su candidatura. Hoy, con todo y defectos regulatorios, este atropello se conjura.
En 2006, medios electrónicos difundieron campañas negras pagadas con recursos ilegales que como reacción produjeron una reforma constitucional prohibiendo la compra de propaganda, ubicándola a los tiempos gratuitos del Estado. El código regula el acceso equitativo a la radio y a la televisión y sanciones.
Otra respuesta al inequitativo dominio del dinero, es la estricta regulación del financiamiento a los partidos y topes en el gasto en precampañas y campañas. Frente a anteriores campañas difamatorias se explicita como límite a la propaganda el artículo sexto de la Constitución, la prohibición de calumnias y facultando a candidatos a ejercer el derecho de réplica ante la radio y la televisión, sin perjuicio de reclamar responsabilidades o daño moral.
Este marco jurídico puede asegurar elecciones honestas, siempre y cuando los funcionarios electorales apliquen la ley sin concesiones. No es aceptable que con su experiencia y facultades ignoren violaciones al financiamiento, compras de voluntades desde el nivel hormiga, hasta ejidos y organizaciones. La deformación del programa Oportunidades ha sido evidente.
Un aparato electoral con funcionarios profesionales, no puede esconderse en formalismos o supuestas ingenuidades; debe responder con celeridad, impedir hechos consumados; actuar con energía ante cualquier violación, empezando por el Presidente de la Republica, secretarios de Estados, gobernadores. El IFE y el Tribunal Electoral son la más alta autoridad en el proceso electoral, deben ejercerla.
Un IFE, en el mejor de los casos, pusilánime, permitió acciones que deslegitimaron la elección del 2006. Un Tribunal leguleyo, pese a reconocer violaciones del presidente Fox y empresarios connotados, validó todo. La impunidad alienta más impunidad. La situación nacional exige indeclinable voluntad de los responsables de garantizar el voto de los mexicanos.

mbartlett_diaz@hotmail.com