Traición a México : Jorge Lara Rivera

Traición a México
Jorge Lara Rivera

Que la derecha conservadora, oligárquica y fascistoide busque legitimar la propagación de supersticiones, aun diversas, al servicio de sus ambiciones para controlar las mentes es criminal, pero entendible; la mochería amnésica del magisterio PANalista, una tristeza; pero no lo resulta tanto ni se justifica que el centrismo tolerante y moderado ni, mucho menos, el progresismo radical de la izquierda lo consientan haciéndose cómplices de algo que, históricamente –está probado–, es fuente de sangrientos conflictos sociales y que más pronto que tarde les será contraproducente en lo político, amén de lo contradictorio e incongruente del hecho cuando marca manchando el que el perredista Guadalupe Acosta Naranjo asume la presidencia de la Mesa de Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Y es que diputados del PAN, PANal, desde luego, pero con apoyo de la miopía de tricolor y verdosa y la claudicación de legisladores de una parte del PRD, con la franca oposición del PT hay que decir, aprobaron una reforma que atenta contra la laicicidad del Estado mexicano, el gran legado juarista (logro alcanzado tras 2 sangrientas guerras civiles en el siglo XIX, incluyendo una intervención extranjera que estuvo a punto de perder el país, y una violenta rebelión cristera en el XX), y que consagra el Artículo 24º Constitucional. Se trata de una argucia que dice instaurar “la libertad de conciencia y de religión”, un hecho que sólo puede explicarse por ignorancia supina de esos legisladores en materia constitucionalista pues tal está vigente en la Carta Magna del ‘17.
En realidad, tal reforma violatoria permite la realización de ritos religiosos fuera de los templos, difundir ceremonias religiosas en medios de información social, pero también la participación de funcionarios del Estado con su carácter oficial en ellas, algo que restringe la Constitución, así sea de modo frágil y reiteradamente infligido, para resguardar en las formas el carácter garante imparcial y de respeto a todos los credos por igual como corresponde al Estado.
La minuta de esta traición pasó al Senado para su eventual complicidad aprobatoria; cabe esperar –ojalá– no se consume (aunque los senadores siguen cediendo facultades a la Suprema Corte: ahora la de resolver con sentencia inatacable conflictos limítrofes entre estados). Pero en caso de decepcionar los intereses del pueblo habrá que combatirla con todos los medios legales disponibles.
Otro tipo de violación, la perpetrada contra Valentina Rosendo Cantú en 2002, en pleno auge del foxiato (el cual inició la militarización de la vida cotidiana), dio lugar a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por haberse desentendido de proteger los derechos de Valentina, incuria por la cual ha debido presentarle excusas oficiales a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acompañado por la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y el Procurador Militar de Derechos Humanos, mientras los gobiernos de Oaxaca y Guerrero acuerdan los mecanismos para compensar a la víctima por el daño sufrido. Esa violencia aterra y existen 170 casos documentados por Human Right’s Watch en que tal terror ha provenido del gobierno con pretexto como el de la “Guerra al narcotráfico y la delincuencia organizada”, rebautizada como “Lucha por la Seguridad” oficial o la de combatir desmanes y ambulantaje (como en Guerrero contra estudiantes normalistas y en Querétaro contra mujeres otomíes), a pesar de que émula de Pinocho, Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que un día afirma que el régimen mexicano estaba al tanto y autorizó los sobrevuelos de aviones estadounidenses al territorio nacional, la presencia de sus 6 mil elementos de sus agencias encubiertos internados en el país y “Rápido y furioso”, operación gubernamental de contrabando simulado de armas que han servido a los delincuentes para cometer actos terribles; y otro rehúsa tener conocimiento de la operación “Fuente” ni que desde 1994 la DEA viene lavando dinero a los cárteles de la droga nacionales (y es la hora que todavía no le encuentran la pista); ahora nos sale con que “no existe evidencia de actividad terrorista en el país”. Alguien debe mostrarle de nuevo los informes de violencia o recomendarle cambiar de oculista.
Urge, asimismo, pese a las objeciones de los productores pecuarios, el Senado ratificó el TLC con Perú y asimismo los celebrados con países centroamericanos. Pero en un respiro de legalidad el IFE tiene, por fin, a los 3 consejeros ciudadanos que le faltaban: el discípulo del inefable José Woldenberg, Lorenzo Córdoba Vianello; el ex procurador Sergio García Ramírez, y María Marván Laborde, ex directora del IFAI, la primera, fueron designados por la Cámara de Diputados por mayoría simple.