Escuadrones de la muerte : Alfonso Zárate

Escuadrones de la muerte
Alfonso Zárate
Malas noticias. Veracruz se suma a la lista de entidades donde la delincuencia impone su ley ante la desazón de la ciudadanía y la presumible complicidad de autoridades públicas: funcionarios de seguridad, policías...
La semana pasada, después de que 35 cuerpos con huellas de tortura fueron arrojados debajo de un puente en Boca del Río, salió a la luz un grupo fuertemente armado que se atribuyó las ejecuciones. En el video, difundido por internet, los encapuchados dicen respetar al Poder Ejecutivo, el Ejército y la Marina; se asumen como “brazo del pueblo y para el pueblo” y definen su misión con una idea simple: “erradicar” a Los Zetas.
Algunos ingredientes de estos hechos portan una enorme gravedad: 1) la decisión de una banda de criminales de asumirse como “vengadores” para cumplir el papel que le corresponde al Estado; 2) los 35 cadáveres aparecieron en la víspera de la reunión nacional de procuradores y magistrados; 3) los tweets del gobernador que sugieren que los responsables de los homicidios estarían del lado de “los buenos” (“en Veracruz no hay lugar para los criminales”), y 4) la denuncia de la madre de una de las víctimas, quien asegura que su hijo fue levantado por los policías de una patrulla (que identificó con precisión), lo que hablaría de la participación activa de policías en la entrega a sus verdugos.

Hasta ahora, todo parece indicar que —como ocurrió con La Familia Michoacana— se trata de grupos delincuenciales que se presentan como defensores de la comunidad en la guerra contra cárteles enemigos por el control de la plaza. Sólo que, en estos días, ronda el fantasma de los “paramilitares”.
En algunos países se han formado grupos de “autodefensa” o “escuadrones de la muerte” formados por ex miembros de corporaciones policiales y militares que, ante la impunidad o el desorden de una guerra civil —Guatemala, El Salvador, Colombia—, asumen la responsabilidad de realizar “trabajos de limpieza social”. Generalmente son patrocinados por empresarios o productores agrarios que cuentan con la complicidad de los sectores más “duros” del Ejército y la estructura política.
México no ha sido la excepción. En distintos momentos han operado fuerzas “irregulares” encargadas del trabajo sucio —represión, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales—, como las “guardias blancas” al servicio de caciques locales o bandas paramilitares como antídoto a la insurgencia civil o armada (el caso del zapatismo en Chiapas). En los años 70, la tristemente célebre Brigada Blanca fue la respuesta ilegal del Estado mexicano al desafío de la guerrilla rural y urbana.
Décadas después, ante la crisis de seguridad que llega a su clímax en el actual sexenio, algunos sectores de la sociedad han explorado atajos para cubrir los vacíos de una autoridad desbordada. Algunos empresarios poderosos han contratado unidades de alto entrenamiento militar —mercenarios nacionales o extranjeros— para su protección, lo que podría incluir la eliminación de quienes intentaran secuestrarlos o extorsionarlos.
¿Hemos llegado al punto de la “justicia por propia mano”, a la proliferación de “ejércitos” privados? ¿Ésta es la respuesta del país, de los sectores más desesperados y pudientes, frente al estado lamentable de la justicia en México? ¿La única vía ante la impunidad reinante, donde la mayoría de los criminales nunca pisa la cárcel y los pocos que son detenidos y consignados suelen ser liberados por jueces corruptos? ¿La única “alternativa” ante la ineptitud o connivencia de las autoridades encargadas de la seguridad, el sistema penitenciario, la procuración de justicia?
Las grandes movilizaciones ciudadanas que expresan el hartazgo social, el cansancio y la depresión, no han logrado sacudir a la clase gobernante. Esto explicaría, aunque no lo justifique desde una perspectiva civilizada y democrática, que franjas de la sociedad saquen conclusiones equivocadas: que para enfrentar la violencia criminal no haya más opción que la violencia; que las leyes y los derechos humanos son un estorbo porque no frenan a los asesinos y secuestradores.
La impotencia de la autoridad, la debilidad del Estado, estaría alentando soluciones extremas que suelen generar monstruos. La experiencia internacional no admite dudas: la presencia de “paramilitares”, en cualquiera de sus variables, es un ingrediente más de la descomposición, un estadio más alto en la espiral de violencia. Baste revisar el caso colombiano para que los “rudos” de la política, la sociedad y el empresariado no alberguen esperanzas vanas.

@alfonsozarate