De las minorías al Viaducto del gobernador Moreno Valle
ANAMARIA ASHWELL
Primera verdad de Perogrullo: la democracia como sistema de gobierno se fundamenta en la representación y tiene como principio evitar gobiernos en los cuales un grupo mayoritario o minoritario pudiera ejercer arbitrariamente todo el poder. En el espíritu de las constituciones e instituciones democráticas (y en la practica de los gobiernos que se definen como democráticos) el derecho de disentir y organizarse para disentir es de esencia: la minorías no pueden ser censuradas por la tiranía de una mayoría; y ningún gobierno democrático puede fundamentar su legitimidad sobre el dato numérico de una votación electoral para imponer sin consenso actos de gobierno que afecten la “coherencia ética de la comunidad” como le llamó Tony Judt, o el “tejido social” como acostumbra recordarnos, el poeta Javier Sicilia. El sistema democrático de gobernar distingue, por eso mismo, entre las libertades que implican derechos colectivos y que solo las instituciones del Estado equilibran y otorgan y lo que Isaiah Berlín llamó la “libertad negativa” que se refiere al derecho del ciudadano para conducirse socialmente como mejor lo decidan él o ella sin intervención del Estado.
En esta democracia imperfecta que vivimos en México sucede que los gobernantes que se dicen democráticos concentran autocráticamente todo el poder del Estado, proclamándose incuestionables representantes de una mayoría electoral, que casi siempre es ficticia (la suma de votos de oposición y el abstencionismo es la única mayoría verificable en el juego electoral mexicano). Y en este paisaje de la política nacional con un sistema democrático deformado no es que se engendró una tiranía de las mayorías sino más bien la tiranía de unos gobernantes, aliados a poderes fácticos, que se contemplan en el espejo y a espaldas de los ciudadanos, secuestrando las aspiraciones de democracia y bienestar de todos los otros mexicanos; y de paso “desparramando su retrato, haciendo promesas, a veces amenazas, sobornando...” como se quejaba Jorge Luis Borges de los políticos de su país, con la acotación (que suscribo para México) que no se refería a ningún político en particular porque se refería a todos en general.
Desconfianza ciudadana
Cuando el gobernador R. Moreno Valle se detuvo bajo un puente el pasado 31 de agosto y alertó que se “enfrentarían” a él las “minorías” que quieren obstruir el “progreso” que su gobierno nos tiene reservado a los poblanos, más que desacreditar o amedrentar a esas “minorías”, alimentó la desconfianza que los ciudadanos (crecientemente en todas las encuestas de opinión) expresan no sólo de los políticos en general sino también por las instituciones democráticas que esos políticos manosean. Y el principal lastimado y amedrentado por una advertencia así no resultan ser las “minorías equivocadas”, sino el sistema político democrático que no puede abdicar del papel fundamental que la crítica de las minorías le significa. Pero el problema hoy, lo han dicho más de uno, es que el lenguaje esta exhausto en nuestra vida política nacional y los gobernantes se dicen “demócratas” y la palabra así como la alusión al ideal de un sistema político democrático, significan ya nada. Entonces, en una sociedad tan radicalmente divida como la nuestra, una tan radicalmente inequitativa también, con la confianza ciudadana erosionada, la civilidad entre actores sociales corroída, sólo un político (o sólo el dinero con el poder político y el político) se anima a atribuirse la representación de las “mayorías”.
Me permito una pausa y un suspiro… el descrédito de la clase política mexicana y sus delirios sexenales de “progreso” no advino porque las minorías alguna vez protestaron, cuestionaron o se opusieron; tampoco porque las minorías obstruyeron los planes de desarrollo social y económico que implementaron gobernantes sino precisamente porque esa clase política, apropiada de una representación ficticia (o irracional) del deseo de las mayorías, hizo lo que se les vino en gana; y procedió a invertir faraónicos recursos públicos ensanchando los ya intolerables abismos de inequidad social y económicos entre sus gobernados, alimentado su inseguridad física y económica también y desmantelando todo lo que nos fue legado, en espacios públicos, como herencia y abolengo, belleza y sabiduría, desde generaciones pasadas, para instalar en su lugar drenajes, o negocios inmobiliarios o ejes viales. Apropiados de un mandato de mayoría políticos con agendas ocultas, o ambiciones desmedidas y con gula narcisista le colocan el nombre de sus parientes a la clínica que inauguran con dinero público pero se olvidan del mobiliario o del sueldo digno para el médico rural. Cuando lo que importa, como explicaba Tony Judt, no es qué tanto ha progresado una sociedad sino que tan inequitativa es.
El Gobernador Moreno Valle no es el primero que arranca su sexenio con costosos y fastuosos ejes viales. Basta recordar el “magno” proyecto del Bulevar Forjadores que substituyó el arbolado antiguo que daba sombra y teñía de verde el cielo entre Puebla y Cholula y que hoy se inunda en tramos y está, además, saturado de tráfico pero adornado de bustos grafiteados (cuando no robados por el metal) de ilustres poblanos. O el impulso carretero de Mario Marín que procedió a agredir a los que se opusieron a su idea de progreso con proyectos carreteros hasta que logró destruir vestigios arqueológicos, violentó derechos de ciudadanos, sometió al INAH, hasta que finalmente introdujo triunfante una carretera ampliada a cuatro calles del Centro Histórico de San Pedro Cholula. Fue el poeta Octavio Paz, quien advirtió, en 1986, que en México los gobernantes entienden sus funciones políticas, en el sistema democrático, como el de impulsores de una modernización económica. Modernización que pronto significó lo que el Príncipe en turno decidía era “moderno” y “progresivo”; y así con el tiempo se llegó a la privatización de servicios y sectores públicos como a impulsar desde el estado una mínima inversión del sector privado aunque con máximas ganancias, aumentados por dineros, tráficos y/o o privilegios provenientes del sector publico. Los gobernantes se convirtieron así, con el tiempo, en mediadores o facilitadores de inversiones desde el sector privado y nosotros, los ciudadanos, en consumidores de (algunas cosas buenas) pero mayormente de cuanta ocurrencia podía dejar ganancias a todos los interesados.
La defensa patrimonial que por años (cuestionando a varios gobernadores y al INAH que como institución ha sido presionada no por la “modernidad” sino por estos intereses de lucro modernizadores de diversos gobernadores) tiene implicaciones sociales y culturales complejas y extensivas. La nuestra nunca fue, ni es actualmente, una defensa nostálgica de un pasado idealizado; tampoco buscamos preservar como museo nuestras ciudades patrimoniales sino que parte de una postura ética que desde el razonamiento y el derecho ciudadano busca incidir en las decisiones de gobernantes sobre como debemos compartir un espacio publico, una zona monumental, en ventaja y enaltecimiento común.
Defender el patrimonio
Alzamos la voz porque la habitación responsable de una ciudad monumental exige la participación razonada de especialistas: mantener viva una ciudad monumental como Puebla es una obligación de enormes responsabilidades para gobernantes y ciudadanos. En primer lugar cada moción de intervención en su zona de monumentos, especialmente en suelos arqueológicos, tiene que supeditarse a un estudio comparativo con las experiencias, fallidas y exitosas, de otras ciudades monumentos del mundo en aras de crear soluciones que preserven los monumentos a la vez que se resuelven problemas de habitación contemporánea y futura. Y son con miras posmodernas como se defiende el patrimonio: buscando alternativas que ofrezcan el menor daño ambiental, por ejemplo, y con la oferta de transporte público no contaminantes para sus habitantes.
Todos hemos nacido en una era en la cual asumimos que el progreso exponencial que nos brindó la innovación técnica era una de las características permanentes de nuestros tiempos y su futuro. Pero, mediante la perspectiva histórica, hace ya varias décadas nos hemos despertado de ese sueño. Vivimos ya una era, como decía un científico laureado, de “diminishing returns”. Pareciera extemporánea y grosera esta actual fiesta de dinero público que se invertirá en un Viaducto, introduciéndose en zona de monumentos de Puebla, sobre viviendas y derechos de sus habitantes (como en la colonia 20 de Noviembre) ¿para permitir pasear más coches por calles estrechas en barrios donde se necesita invertir en reconstruir habitaciones, otorgar servicios equitativos de agua potable, drenajes, entre otros?
Mediante el calculo de un especialista acostumbrado a los números, utilizando datos subidos a la red por el gobierno del estado, pudimos calcular que existe la intención del actual gobierno de gastar 1,888 millones de pesos para unas vialidades de una longitud de 8.96 kilómetros, con un promedio de ¡210 millones de pesos por kilómetros! Que no resolvería, además, un problema vehicular porque el problema vehicular se resuelve solo desalentando el uso del un vehículo unipersonal.
¿Es oponerse al “progreso” de Puebla pedir cordura con el gasto público? ¿Y que en vez de inundar con cemento y coches nuestra ciudad monumental se invierta en reducir la inequidad que distingue y divide la vida de sus habitantes así como en el rescate de sus inmuebles monumentales?
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