ÓSCAR D. SOTO *
Más allá de sus objetivos explícitos (solucionar la sobrecarga vehicular y facilitar el acceso al centro expositor), la pertinencia de la primera obra emblemática del nuevo gobierno estatal, que comprende la actuación sobre la calzada Zaragoza–avenida 2 Norte en un tramo de 8.96 kilometros (desde la diagonal Defensores de la República hasta el bulevar 5 de Mayo) y la construcción de un distribuidor vial sobre la autopista México–Veracruz generan serias dudas.
Destacados académicos y un grupo creciente de ciudadanos han advertido ya sobre los previsibles impactos sobre hitos históricos y recursos ambientales en la zona, y han demandado detener los trabajos hasta hacer públicos los dictámenes que demuestren su pertinencia. Estas demandas no han recibido más respuesta que la descalificación y amenazas, apenas veladas, por parte del gobernador Moreno Valle y de su secretario de infraestructura.
El debate abierto reclama la participación de los afectados que no son sólo los vecinos del área en construcción sino los habitantes de la ciudad toda. Desde esta perspectiva aventuro algunas reflexiones.
Pienso que la construcción de un segundo piso en la calzada ampliará su capacidad de aforo vehicular (que el gobierno calcula en 4 mil 800 vehículos por hora), y agilizará al tránsito en el espacio intervenido, pero a costa de agravar su congestionamiento en la zona del centro a donde inevitablemente descargará el flujo de automóviles (resultado del incremento del flujo vehicular privado, de por sí excesivo y la sobrecarga actual que impone el transporte público gravemente concentrado en el área). Esto será así, aún cuando se concrete el proyecto de segundo piso sobre el bulevar 5 de Mayo que ha sido anunciado recientemente.
Llama la atención que, a contracorriente de las orientaciones urbanísticas que poco a poco se van imponiendo en otras grandes ciudades, el gobierno se empecina en realizar una obra que, con visión de corto plazo y sin comprensión de las dinámicas urbanas, aumentará los riesgos acumulados sobre la calidad urbana y social de esta área emblemática de la ciudad.
Se trata de una propuesta parcial que renuncia a pensar una estrategia integral y de largo aliento. Estrategia que no pasa por incrementar el espacio para los vehículos automotores, sino en hacer eficientes los sistemas de transporte, y que por supuesto va en sentido contrario a incrementar la previsible presión sobre el Centro Histórico y sus consecuentes impactos. Si el gobernador quiere en verdad realizar una obra emblemática, lo que se requiere, es una renovación de los espacios habitacionales del centro histórico que mejore la calidad de la vivienda popular y la dotación de servicios públicos para enriquecer su habitabilidad y densificar su tejido social; desconcentrar las actividades terciarias; eficientar el transporte público (mejorando el parque de vehículos y reorganizando sus rutas) e inhibir el acceso del transporte privado; así como impulsar un tratamiento de las edificaciones históricas de una forma que refuerce y enriquezca el uso del centro como espacio público. Para facilitar el acceso al centro expositor no se requiere construir un monstruo.
No exageran en sus advertencias quienes se oponen al proyecto actual del gobernador quien debería recordar que la democracia no se reduce al voto y que este no es un cheque en blanco para los gobernantes que tienden a pensar que “el progreso soy yo”. En última instancia, los llamados ciudadanos a transparentar el proyecto del viaducto y a rendir cuentas de sus alcances y consecuencias son un llamado a todos a ejercer democráticamente nuestro derecho a la ciudad.
*Candidato a Doctor en Ciudad, Territorio y Patrimonio. Instituto Universitario de Urbanística, Universidad de Valladolid/Universidad Iberoamericana Puebla.
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