Guillermo Fabela Quiñones : Las razones de la sinrazón

Las razones de la sinrazón
Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes


Está muy claro que mantener a las fuerzas armadas en las calles no obedece al imperativo de combatir al crimen organizado, sino a la necesidad de dar cumplimiento a instrucciones puntuales de la Casa Blanca sobre la conveniencia, para Estados Unidos, de generar condiciones de inestabilidad cada vez más calamitosa para los mexicanos. A ello obedece el afán del “gobierno” de Felipe Calderón de no escuchar las voces de quienes claman porque las tropas del Ejército y la Armada regresen a sus cuarteles. Ha sido por demás evidente que la labor policíaca llevada a cabo por ambas instituciones, en vez de ayudar a resolver el gravísimo problema de la violencia en el país, lo ha exacerbado a extremos inauditos. Sin embargo, el inquilino de Los Pinos sigue firme en su terquedad de no regresar a los militares a sus cuarteles.
Es obvio que mientras no reciba la orden en contrario del gobierno de Barack Obama, Calderón seguirá “montado en su macho”, independientemente de los costos políticos que le signifique actuar de manera tan desaconsejable. Son muchos los intereses en juego detrás de la estrategia de utilizar militares para hacer funciones que competen a los cuerpos policíacos, como así ha quedado demostrado en los últimos cuatro años, pero todos confluyen en un solo objetivo: crear las condiciones para justificar una intervención directa en México por parte de las fuerzas armadas de la nación vecina. ¿Acaso el director del FBI no acaba de declarar ante el Congreso de su país que la violencia aquí es un peligro para sus connacionales? Si tal fuera el caso, no estarían propiciando la exacerbación del flagelo, como lo están haciendo de manera por demás cínica, como lo demostró el operativo “Rápido y Furioso”.)

Recomendaciones van y vienen, en el sentido de que los soldados regresen a sus cuarteles, pero a Calderón le vale. La más reciente es la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el que después de una visita, del 18 al 31 de marzo, a cuatro entidades del país, concluyeron en el imperativo de que las tropas del Ejército y la Armada sean retiradas a sus cuarteles, en el corto plazo, ya que su actuación está “directamente relacionada con el aumento de la criminalidad”. En su informe que los cuatro integrantes del grupo presentaron el jueves, puntualizan que “las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía”. Con todo, Calderón dio una respuesta negativa a dicho informe, para que no quede duda de que mientras no reciba una orden de la Casa Blanca, él se mantendrá firme en su decisión de obligar a los militares a proceder como simples policías, sin tener la preparación adecuada.
La justificación que da el inquilino de Los Pinos es por sí misma una aberración: las tropas seguirán en las calles mientras continúe la violencia extrema, afirma, sin parar mientes en que la violencia se exacerbó a partir de que las tropas fueron sacadas de sus cuarteles a realizar actividades prohibidas por la Constitución General de la República. No importa que los resultados sean absolutamente negativos, como lo confirma el tercer relevo del procurador general de la República en lo que va del sexenio. Se fue Arturo Chávez Chávez y habrá de llegar en su lugar la primera mujer a quien se confía una responsabilidad tan delicada, Marisela Morales Ibáñez, pero el relevo no influirá para nada en cambios favorables en lo relativo a la procuración de justicia y menos aún en lo que se refiere a la reducción del poder del crimen organizado. Lo que en verdad importa a Calderón, es que la abogada Morales llegará con la bendición de Washington.
En los meses sucesivos, el desgobierno de Calderón seguirá su marcha de entreguismo incondicional a los intereses estadounidenses, sin que haya poder humano que se lo impida, ni siquiera el Senado mexicano, una de cuyas funciones fundamentales es cuidar que la soberanía nacional no sufra menoscabo alguno. No importa que senadores de oposición se muestren contrarios a la propuesta de Calderón, como Ricardo Monreal, quien afirmó que el Senado no puede permitir que el jefe del Ejecutivo convierta a la PGR en “una agencia de persecución político-electoral”, en referencia al hecho de que la abogada Morales fue artífice del llamado “michoacanazo”, operativo mediante el cual sufrieron injustificado encarcelamiento, por varios meses, un buen número de ediles de dicho estado que gobierna el PRD. Finalmente su nombramiento será aprobado por la mancuerna PAN-PRI, para que siga cumpliendo tareas sucias de interés para el grupo en el poder y más aún para la Casa Blanca. Vemos así que el futuro de los mexicanos será cada día más negro mientras no haya voluntad para sacudirse el yugo de una oligarquía apátrida y voraz.

(gmofavela2010@hotmail.com