Jorge Lara Rivera : Cifras de escalofrío o delincuencia generalizada

Cifras de escalofrío o delincuencia generalizada

Jorge Lara Rivera

Fría aritmética ilustra el porqué de tanta frustración y desesperanza nacionales. Cifras feroces suscitan inferencias terribles –por descorazonadoras. Desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna nos quiere espantar con el petate del muerto. Resulta que sabe hasta el monto total que anualmente importan los sobornos repartidos por el crimen organizado a funcionarios y policías municipales en el país (¡15 mil millones de pesos!, ¡mil 277 millones al mes!), y lo esgrime sensacionalista, como un as bajo la manga. Cosa de espanto, cierto; y más al considerar, si es verdad, ¿cómo se allegó el funcionario esos datos? y sobre todo, ¿por qué, teniendo acceso a cosas tan reservadas e ‘íntimas’ de los organismos criminales, no usa esa capacidad investigativa para dar con los truhanes y encarcelarlos de una vez por todas?
Pero el pasmo aumenta otro tanto al ver que se enfrentan policías frutos de la ‘Operación Limpieza’, elementos destacados en Ciudad Juárez supuestamente honestos, capacitados y de élite en PFP, bajo el argumento del hartazgo porque son vejados y extorsionados por su jefe, un tal Salomón Álvarez… Luna (¡ah!, ese apellido inoportuno) quien les exige ‘cuotas’.
Si bien a raíz de estos hechos hay ya cuatro jefes –incluido aquél– bajo investigación, no puede descartarse que, en un giro dramático, a los quejosos ocurra lo que a sus predecesores en la PFP por denunciar ante la agencia Apro la reunión de García Luna y su escolta con capos del narco; y después a Javier Herrera Valles, detenido por gente de AFI tras criticar erráticos operativos dispuestos por él con alto costo de vidas y señalar que, nepotista, duplicó emolumentos mensuales de su hermana a 186 mil pesos –quedó claro en Radio Fórmula que el ‘testigo protegido’ desmintió las acusaciones vertidas en documentos ya preparados que le dieron a firmar. (Después de todo, G. García L. es intocable porque –según ‘Los cómplices del Presidente’, libro de Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo– espió y saboteó la campaña de Andrés M. López O. al servicio del hoy ocupante de Los Pinos. Por otra parte, aquel cálculo sólo confirma la ambigua autoridad moral de quienes combaten delincuentes o exigen en el empresariado mexicano para ésos mayor rigor en penas: los miembros del ‘Consejo de la Comunicación, voz de las empresas’, por ejemplo.
La dirigencia misma de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios aceptan que al año, las empresas ‘invierten’ el 10 % de sus ingresos (¡62 mil 500 millones de euros!), el equivalente al 9 % del PIB en ‘mordidas’ y sobornos para conseguir de los funcionarios que autoricen hacer pingües negocios, agilicen trámites para que caminen sus asuntos o (eso no lo dicen pero se entiende) hagan la vista gorda frente a alguna irregularidad que está consagrada por la costumbre pasar por alto. Y 24 % de los ingresos de los pobres son para sobornos.
El colmo de la estupefacción ocurre luego de comparar y sumar las cantidades con los totales de atracos cometidos contra el erario por servidores del Estado, como es el caso de la ‘ordeña’ de gasolina o la ingeniería fiscal contra Pemex, los desfalcos a la Lotería Nacional, el desvío de recursos del Fondo de Reserva del IMSS a AXE Banco, el tráfico de influencias en la SCT, ahora filtración de información privilegiada en la Bolsa Mexicana de Valores; el recién descubierto fraude al FOVISSSTE, el manejo clientelar de los programas federales y el subejercicio en Sedesol, etcétera. De ‘cuello blanco’ o rufianes ¿quiénes son, pues, ‘los malos’?, porque ‘buenos’, está claro, no hay en el paisaje. La situación está en niveles críticos: incluso sectores tradicionalistas como el clerical, oportunista y convenenciero que siempre jala con la derecha, parece tener un tono destemplado frente a la ineptitud de este régimen para afrontar la crisis de seguridad.
Es el caso del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien el jueves leyó la cartilla al titular del Ejecutivo federal por pretender “escudarse tras los ciudadanos” y dejar a otros, siempre otros, toda la responsabilidad (“Ahora pretende echarnos el paquete y quiere que nosotros hagamos la chamba que durante todo su régimen no ha hecho”) y sacar al país del hoyo en el que ése mismo, con imprevisión, lo ha metido. Y lo dijo sin matices: “La guerra del presidente es una guerra en donde está ausente la procuración de justicia, una persecución seria del lavado de dinero y de los funcionarios públicos que están coludidos con el crimen organizado”. El prelado, incluso, se permitió remitirlo a la resolución 1373/28/09/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU a efecto de que solicite al Congreso denunciar ante la ONU a grupos terroristas integrantes de cárteles mexicanos y pasar de la simulación y el contubernio con los grandes delincuentes, a la solución efectiva desmantelando el aparato económico y financiero que acuerpa sus criminales actividades, mediante la confiscación de sus bienes. Entonces, ¿para qué seguir el teatrito?