JAIME ORNELAS DELGADO : Fascismo corriente

TENDAJÓN MIXTO

Fascismo corriente

JAIME ORNELAS DELGADO

En uno de los lugares donde se fabrica el sueño americano y el american way of life, se define lo que debe ser la prosperidad, la felicidad, el consumo y se cantan loas a la majestuosidad de las omnipresentes y omnipotentes fuerzas del mercado, el 23 de abril se escribió una página más de la historia universal de la infamia, al promulgar la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, con la aprobación de 60 por ciento de los habitantes de ese estado, la Ley SB1070, que establece que la condición de inmigrante indocumentado es un delito estatal, y autoriza a las corporaciones policiacas a detener, sin orden previa de aprehensión, a cualquier sospechoso de ser “extranjero ilegal”, esto es, a toda persona que por su apariencia sea sospechosa de ser indocumentada. Esta ley nos vuelve al fascismo, donde se criminaliza la apariencia y el racismo es legal. Ante esto, la respuesta de los migrantes ha sido valiente y vibrante, como pocas veces el movimiento social resiste pasando a la ofensiva convocando a un boicot para echar abajo esa ley.



Los datos del daño que el boicot le puede causar a ese estado fronterizo son significativos. El Centro de Investigación Económica de la Universidad de Arizona, calcula que el turismo mexicano genera unos 23 mil 400 empleos directos en restaurantes, hoteles y tiendas para atenderlo; en 2008, los mexicanos gastaron 2 mil 690 millones de dólares en compras directas y su gasto tuvo un impacto multiplicador en la economía de Arizona estimado en 3 mil 600 millones de dólares; pero este otro dato es sorprendente: diariamente, cerca de 65 mil mexicanos cruzan la frontera para visitar este estado, lo que suma unos 24 millones de cruces al año y no es todo, el mismo Centro de la Universidad de Arizona calcula que el 50 por ciento de los impuestos obtenidos por los condados fronterizos son pagados por mexicanos; en fin, se estima que de aplicarse el boicot al que se ha convocado, Arizona tardará tres años en salir de la crisis. Por eso no está dicha la última palabra respecto a esta ley que nos regresa a un pasado oscuro y riesgoso. El fascismo es el enemigo principal del pueblo y nunca su aliado.


“Déjese de Discursos”, increpan jóvenes a Calderón


En Monterrey, estudiantes y rectores de universidades públicas y privadas expresaron a Felipe Calderón su preocupación por la creciente inseguridad en el país y en los planteles escolares, y pidieron que la lucha contra la delincuencia organizada no se centre en el combate policial y militar, sino que se enfrente con una estrategia distinta e integral.


Joel Gastélum, estudiante del Tecnológico Monterrey, sorprendió a Felipe Calderón al cuestionarle “¿cuántos muertos más faltan y cuál va a ser el saldo de su guerra antinarco?”, y agregó: “Queremos preguntar qué tan razonable es esto de reducirlo a un asunto exclusivamente policiaco–militar. Ya van más de 22 mil muertos, ¿cuántos más, cuántos más faltan, cuál va a ser su saldo? (...) Es necesaria la reducción de los daños colaterales”.


Otro joven, exigió a Calderón que, “como empleado que es de nosotros”, rinda cuentas sobre lo que haga en contra del narco y esclarezca la muerte de civiles y de dos estudiantes del Tecnológico caídos en marzo en un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes: “Exigimos que se deje de discursos y se esclarezcan las muertes de civiles provocadas por el crimen organizado en enfrentamientos con las fuerzas militares, como las de nuestros compañeros y otros civiles, porque tanto su secretario de Gobernación como usted se la llevan diciendo que nos van a entregar un informe y éste no ha aparecido. Queremos saber qué pasó con esas muertes”. A su vez, Adriana Dávila, de la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León, pidió que lo dicho no quede en el aire, pero también, señaló: “no quiero un soldado sentado en la cochera de mi casa.”


Finalmente, el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, advirtió a Calderón que “entre los rectores sobresale la preocupación por la seguridad de los integrantes de las comunidades educativas, dentro y fuera de los campus” e informó al presidente que las 154 universidades agremiadas están convencidas de que “no basta con mirar el problema desde una perspectiva que enfatice únicamente la adopción y reforzamiento de medidas de seguridad o vinculadas a éstas; es preciso atenderlo de manera multisectorial, con mejores condiciones de salud, empleo, crecimiento económico, cultura política y de valores”.


Por otra parte, en la ciudad de México, José Narro Robles, rector de la UNAM, manifestó que detrás del fenómeno de inseguridad en el país están la corrupción y la impunidad que hay que combatir, pero también la falta de una política integral que incluya la atención de problemas sociales como la pobreza y la falta de educación. La inseguridad, agregó, “no es nada más un problema de fuerza, no es un problema de policías. La violencia, en cualquiera de sus formas, no nos va a conducir a nada positivo”.


Después de eso, Calderón se fue a Europa a platicar de sus fantasías sobre un país que jamás ha entendido, con creciente ingobernabilidad y un futuro sombrío.

Simplemente, se hizo justicia


Después de cuatro años de injusto encarcelamiento, la inefable Suprema Corte de Justicia de la Nación, erigida en tribunal de apelación, determinó por unanimidad de sus cinco miembros la liberad inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González, indígenas otomíes acusadas de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigación (la antigua AFI), delito por el que purgaron cuatro años de cárcel de los 21 a que fueron sentenciadas.


La Corte determinó que no quedó demostrado que hubiera habido secuestro de los seis elementos de la policía, ni se aportaron pruebas de que ellas hubieran participado en los acontecimientos que se desataron y donde se les acusó de plagio. Un proceso, asentó la Corte, lleno de irregularidades que terminó con una absurda sentencia que ha sido corregida, aunque el daño está hecho.


Sin embargo, nos queda una duda ¿qué pasará con el juez, Rodolfo Pedraza Longi, quien a pesar de todas las irregularidades del proceso y de carecer de las pruebas mínimas indispensables dictó la bárbara sentencia? ¿Seguirá el señor juez Pedraza Longi “impartiendo justicia” por encargo? En si misma, por las irregularidades del proceso y la falta de pruebas, la sentencia fue un crimen y, si eso es así, el juez se convierte en delincuente que merece una justa condena ¿o saldrá impune?


Y en eso de desfacer entuertos, ¿cuándo se corrigen las monstruosas sentencias a los presos de Atenco?


Preguntita. Anda la presidencia preguntando si Calderón debe ir o no a Sudáfrica. Como de todos modos va a ir, mejor que nos pregunten si queremos que regrese.