Por la fuerza pretenden mantener un modelo económico fallido: Arturo Huerta González

Por la fuerza pretenden mantener un modelo económico fallido

ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

En América del Sur en los años setenta se estableció el modelo neoliberal a través de golpes de Estado. En México ha sido a través de fraudes electorales, tanto en 1988 con Salinas de Gortari como en 2006 con Calderón, como se ha avanzado con las políticas de libre mercado que llevan a la disminución de la participación del Estado en la economía y a acelerar el proceso de privatización y extranjerización de ésta. No obstante la profundidad de la crisis que estamos padeciendo como consecuencia de las políticas predominantes de libre movilidad de mercancías y capitales, y de las políticas macroeconómicas de “estabilidad” (que más que estabilidad han desestabilizado a la economía), el gobierno se empecina a no cambiar en un ápice dicha política, y ahora utiliza la fuerza bruta para seguir viabilizándola. El uso de la fuerza policial para tomar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para viabilizar el decreto de liquidación de la misma, está encaminado (no como el gobierno dice, que es debido a la ineficiencia de la empresa y a los altos costos, y que tal medida es para mejorar el servicio y para hacer un país más próspero), sino a desparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha destacado por sus luchas democráticas contra las políticas neoliberales y de privatización predominantes. Todos los gobiernos siempre han justificado la liquidación de las empresas públicas y su posterior privatización, a partir de la ineficiencia y de los altos costos de operación de las mismas. El problema es que tenemos décadas con este proceso de privatizaciones y la economía nacional no ha visto incrementada la eficiencia, ni se han reducido los costos con las empresas privadas predominantes en los sectores estratégicos, ni la economía ha logrado progreso alguno con ello, sino por el contrario, la concentración de la riqueza se ha polarizado, y el número de pobres ha crecido, y el gobierno se ha debilitado y subordinado al gran capital.

El gobierno de Calderón ha venido desarrollando una política contra los sindicatos democráticos (primero contra el sindicato de mineros, ahora contra el SME) a fin de seguir avanzando con las reformas estructurales que tiene pensado instrumentar y que anunció en el Tercer Informe de Gobierno, tal como la Segunda Reforma Energética, como la Reforma Tributaria que ya está en discusión, y la Reforma Laboral. Ésta está encaminada a disminuir prestaciones laborales y a proceder a contratación por horas para reducir el costo laboral, tanto para mejorar las condiciones de acumulación del sector empresarial, las cuales se han afectado por la crisis, como para mejorar supuestamente la competitividad de la producción nacional para crecer hacia fuera. Con la Reforma al 123 Constitucional, así como con la Reforma Tributaria de aumento de impuestos al consumo y a los servicios, se pretende hacer recaer en los trabajadores y en los que menos tienen, el costo de la crisis. El problema es que por más disminución de prestaciones laborales y de salarios que se ha venido dando en los últimos años, ello no ha repuntado la dinámica de acumulación y de crecimiento de la economía, sino por el contrario, ésta ha ido de mal en peor, desembocando en la crisis actual. La causa de la crisis no son los altos salarios y prestaciones laborales, pues éstas se han deteriorado, sino el predominio de las políticas de libre mercado y de reducción de la inflación a través de la disciplina fiscal, alta tasas de interés y dólar barato que han establecido, que nos ha llevado a tener menos competitividad, menos dinámica de acumulación en la industria y en la agricultura, a cambio de favorecer al sector financiero que opera en el país, el cual ha visto incrementar su participación y sus ganancias en la economía nacional.

No será la instrumentación de la fuerza para viabilizar la reducción de salarios y prestaciones, y la privatización de la Compañía de Luz y Fuerza, y de Pemex, a través de su incursión en la Bolsa de Valores, como se frenará la crisis, ni tampoco ello vendrá a viabilizar un modelo económico que una y otra vez ha evidenciado su inoperatividad para propiciar condiciones de crecimiento sostenido. Las políticas de libe mercado y de privatización y extranjerización son inviables económica y políticamente.

Felipe Calderón gobierna como si hubiera ganado las elección con el 90% de los votos. Llegó al poder a través del fraude electoral, y en las elecciones pasadas del mes de julio su partido sacó el 24% de los votos, y sin embargo sigue avante con sus reformas estructurales a favor de los dueños del dinero, y de ahí el apoyo que recibe de éstos, evidenciando el carácter de clase de su mandato y de sus políticas. Está dispuesto a hacer el uso de la fuerza policial para seguir instrumentando sus políticas, no obstante que éstas atentan sobre el clima de conciliación y medicación que todo gobierno debe propiciar para mantener la estabilidad política necesaria para la propia vida económica y social del país.

El gobierno debe reconocer que la prosecución del modelo económico predominante hasta sus últimas consecuencias comprometerá la paz social, y que además ello no resolverá los problemas económicos que tenemos, sino al contrario, los agudizará. Los menores salarios no dinamizarán exportaciones, pues el mercado externo está contraído y no se vislumbran expectativas de recuperación. Los efectos de tal política serán de mayor contracción del mercado interno y de las ventas de empresas, por lo que se ahondará la crisis. La privatización de la industria eléctrica y petrolera podrán atraer capital del exterior, pero ello no vendrá a solucionar nuestros problemas. La economía mexicana está más extranjerizada que nunca, y ello no se ha traducido en mayor eficiencia, ni en mayor desarrollo industrial, ni agrícola, ni en mayores empleos productivos bien remunerados, sino por el contrario, estamos peor que lo que estábamos antes de éstas políticas.

La venta de tales empresas, implicará el fin del Estado Nacional, pues no tendrá poder de negociación alguno frente al sector privado nacional y extranjero, e implicará mayor subordinación a éste, más de la que ya existe. Quizá ese sea el objetivo del grupo gobernante, pero debe entender que la gran mayoría del país no está por tal Proyecto Económico de Nación.