Promesa incumplida: seguridad pública
Por : Sergio Cortés Sánchez
Entre las muchos compromisos pronunciados –y no
cumplidos– en la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006,
posteriormente registrados en su plataforma electoral, y ya ungido presidente,
los signó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND), se ubica el de la
seguridad pública. En el capítulo primero de Estado de Derecho y Seguridad del
PND plantea los objetivos 8, 9, 10, 12 y 16: “combate frontal y eficaz al
narcotráfico y a las expresiones del crimen organizado”; “generar confianza en
las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”;
“combatir la corrupción”; “respeto irrestricto de los derechos humanos y pugnar
por su promoción y defensa”, y “fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores
condiciones de vida que prevengan conductas delictivas y garanticen a toda la
población el goce de sus derechos y libertades”. Los hechos, al concluir el
sexenio, indican lo contrario de lo asumido por Felipe Calderón Hinojosa: el
crimen organizado se consolidó y se expandió a Centro América y Estados Unidos;
las instituciones públicas encargadas de la seguridad pública y de la
impartición de justicia tienen un nivel de confianza peor que el observado al
iniciar la gestión presidencial; la corrupción ha sido la divisa distintiva del
gobierno panista; los derechos humanos se violentan con la guerra de Calderón
contra el crimen organizado, y con las reformas de segunda generación que
atentan contra la dignidad de los trabajadores. Al agonizar el sexenio de
Calderón, la población absoluta y relativa que vive en condiciones de pobreza y
de pobreza extrema es mayor que la registrada al iniciarlo.
La última Encuesta Nacional de Inseguridad Pública es del
2010; la ejecuta y publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). Con base en esa encuesta sabemos que uno de cada siete mexicanos fue
víctima de algún tipo de delito en 2009; qué solamente uno de cada cuatro
delitos son denunciados; del total de delitos denunciados ante el Ministerio
Público, solamente 8 por ciento recuperan lo robado. Las víctimas de los
delincuentes no denuncian el delito porque es perder el tiempo (38 por ciento);
por trámites engorrosos y difíciles (12 por ciento), porque desconfían de la
autoridad (15 por ciento); por la actitud hostil de las autoridades (5 por
ciento) o por medio a ser extorsionados (1 por ciento).
La percepción de la ciudadanía sobre inseguridad pública
es crítica: reportan afectación de su calidad de vida por la recurrencia y
generalización de actividades delictivas, y la actitud pasiva o cómplice de las
autoridades de los tres niveles del poder ejecutivo. El promedio nacional de la
encuesta referida del Inegi registra que 65 por ciento de la población de 18
años o más percibe una mayor inseguridad en su entidad de residencia; 54 por
ciento se siente más inseguro en el municipio en que vive y 64 por ciento
manifiesta que hay más inseguridad en su ciudad de residencia. A la pregunta de
los si los delitos han aumentado, disminuido o permanecido igual, la
respuesta de que ha aumentado en la entidad la dio el 62 por ciento de
todos los ciudadanos de la República Mexicana, 53 por ciento dijo que han
aumentado en su municipio y 54 por ciento afirmó lo mismo de la ciudad en
que vive. Con relación al interés del gobierno en mejorar la seguridad pública
y la justicia, la respuesta de mucho interés fue pronunciada por 25 por ciento
de los ciudadanos con relación a al gobierno federal; 21 porciento dijo lo
mismo respecto gobierno estatal y 19 por ciento se pronunció en los
mismos términos de los presidentes municipales.
Si la referencia no es sólo a un año sino a toda la vida
del ciudadano, más de la mitad ha sido víctima por lo menos una vez de los
delincuentes. La recurrencia de la victimización familiar ha llevado a cambios
de conducta familiar para prevenir hechos delictivos, entre los más importantes
se reportan el no salir por las noches, no llevar consigo dinero en efectivo;
no usar joyas; prohibirle a los hijos las salidas nocturnas y no salir a
visitar a amigos y familiares. Ente las principales causas de la delincuencia
se reportan, en la encuesta del Inegi, la pobreza y el desempleo (45 por
ciento); las drogas y al alcohol (18 por ciento); la desintegración familiar,
ausencia de disciplina en el hogar, falta de valores y maltrato infantil en el
hogar (17 por ciento) y corrupción e ineficiencia en los cuerpos policiacos (20
por ciento).
De nuestra parte, una vez al año aplicamos una encuesta
telefónica sobre seguridad pública en el municipio de Puebla. Con base en esa
fuente, 72 por ciento de los ciudadanos decía tener confianza en el Ministerio
Público para levantar una denuncia por un hecho delictivo en julio de 2006;
seis años después, fue 67 por ciento. Con relación a los miembros de la familia
que habían sido robados o asaltados en el último año, en 2006 había sido el 34
por ciento de las familias que disponen de teléfono en casa, seis años después,
fue 49 por ciento. Entre 2006 y 2012, la percepción de más inseguridad pública
en el municipio de Puebla pasó de 52 a 71 por ciento. Sobre la eficiencia de
los policía judicial estatal, 48 por ciento dijo que era muy ineficiente o
ineficiente en 2006 y 60 por ciento lo ratificó en 2012; en cuanto a su
honestidad o no, 59 por ciento manifestó en 2006 que era corrupta y lo mismo
dijo 69 por ciento de los ciudadanos en 2012. Con referencia a los sobornos, su
práctica se ha mantenido durante los seis años de Felipe Calderón: uno de cada
ocho ciudadanos ha sido extorsionado por un empleado público; uno de cada
cuatro ciudadanos ha sido extorsionado por la policía municipal y uno de cada
dos dice que los operativos militares anti narcos no han logrado sus objetivos.
Las causas socioeconómicas que alimentan la inseguridad pública lejos de
atenuarse se agudizaron; los delitos se multiplicaron y la percepción de riesgo
aumentó. Si la valoración de una gestión pública fuese únicamente la seguridad
pública, los tres niveles del ejecutivo están reprobados.
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