lunes, octubre 08, 2012

Promesa incumplida: seguridad pública : Sergio Cortés Sánchez


Promesa incumplida: seguridad pública
Por : Sergio Cortés Sánchez

Entre las muchos compromisos pronunciados –y no cumplidos– en la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006, posteriormente registrados en su plataforma electoral, y ya ungido presidente, los signó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND), se ubica el de la seguridad pública. En el capítulo primero de Estado de Derecho y Seguridad del PND plantea los objetivos 8, 9, 10, 12 y 16: “combate frontal y eficaz al narcotráfico y a las expresiones del crimen organizado”; “generar confianza en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”; “combatir la corrupción”; “respeto irrestricto de los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa”, y “fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas y garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades”. Los hechos, al concluir el sexenio, indican lo contrario de lo asumido por Felipe Calderón Hinojosa: el crimen organizado se consolidó y se expandió a Centro América y Estados Unidos; las instituciones públicas encargadas de la seguridad pública y de la impartición de justicia tienen un nivel de confianza peor que el observado al iniciar la gestión presidencial; la corrupción ha sido la divisa distintiva del gobierno panista; los derechos humanos se violentan con la guerra de Calderón contra el crimen organizado, y con las reformas de segunda generación que atentan contra la dignidad de los trabajadores. Al agonizar el sexenio de Calderón, la población absoluta y relativa que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema es mayor que la registrada al iniciarlo.

La última Encuesta Nacional de Inseguridad Pública es del 2010; la ejecuta y publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con base en esa encuesta sabemos que uno de cada siete mexicanos fue víctima de algún tipo de delito en 2009; qué  solamente uno de cada cuatro delitos son denunciados; del total de delitos denunciados ante el Ministerio Público, solamente 8 por ciento recuperan lo robado. Las víctimas de los delincuentes no denuncian el delito porque es perder el tiempo (38 por ciento); por trámites engorrosos y difíciles (12 por ciento), porque desconfían de la autoridad (15 por ciento); por la actitud hostil de las autoridades (5 por ciento) o por medio a ser extorsionados (1 por ciento).
La percepción de la ciudadanía sobre inseguridad pública es crítica: reportan afectación de su calidad de vida por la recurrencia y generalización de actividades delictivas, y la actitud pasiva o cómplice de las autoridades de los tres niveles del poder ejecutivo. El promedio nacional de la encuesta referida del Inegi registra que 65 por ciento de la población de 18 años o más percibe una mayor inseguridad en su entidad de residencia; 54 por ciento se siente más inseguro en el municipio en que vive y 64 por ciento manifiesta que hay más inseguridad en su ciudad de residencia. A la pregunta de los si los delitos han aumentado, disminuido o permanecido igual, la respuesta  de que ha aumentado en la entidad la dio el 62 por ciento de todos los ciudadanos de la República Mexicana, 53 por ciento dijo que han aumentado en su municipio y 54 por ciento afirmó  lo mismo de la ciudad en que vive. Con relación al interés del gobierno en mejorar la seguridad pública y la justicia, la respuesta de mucho interés fue pronunciada por 25 por ciento de los ciudadanos con relación a al gobierno federal; 21 porciento dijo lo mismo respecto gobierno estatal  y 19 por ciento se pronunció en los mismos términos de los presidentes municipales.
Si la referencia no es sólo a un año sino a toda la vida del ciudadano, más de la mitad ha sido víctima por lo menos una vez de los delincuentes. La recurrencia de la victimización familiar ha llevado a cambios de conducta familiar para prevenir hechos delictivos, entre los más importantes se reportan el no salir por las noches, no llevar consigo dinero en efectivo; no usar joyas;  prohibirle a los hijos las salidas nocturnas y no salir a visitar a amigos y familiares. Ente las principales causas de la delincuencia se reportan, en la encuesta del Inegi, la pobreza y el desempleo (45 por ciento); las drogas y al alcohol (18 por ciento); la desintegración familiar, ausencia de disciplina en el hogar, falta de valores y maltrato infantil en el hogar (17 por ciento) y corrupción e ineficiencia en los cuerpos policiacos (20 por ciento).
De nuestra parte, una vez al año aplicamos una encuesta telefónica sobre seguridad pública en el municipio de Puebla. Con base en esa fuente, 72 por ciento de los ciudadanos decía tener confianza en el Ministerio Público para levantar una denuncia por un hecho delictivo en julio de 2006; seis años después, fue 67 por ciento. Con relación a los miembros de la familia que habían sido robados o asaltados en el último año, en 2006 había sido el 34 por ciento de las familias que disponen de teléfono en casa, seis años después, fue 49 por ciento. Entre 2006 y 2012, la percepción de más inseguridad pública en el municipio de Puebla pasó de 52 a 71 por ciento. Sobre la eficiencia de los policía judicial estatal, 48 por ciento dijo que era muy ineficiente o ineficiente en 2006 y 60 por ciento lo ratificó en 2012; en cuanto a su honestidad o no, 59 por ciento manifestó en 2006 que era corrupta y lo mismo dijo 69 por ciento de los ciudadanos en 2012. Con referencia a los sobornos, su práctica se ha mantenido durante los seis años de Felipe Calderón: uno de cada ocho ciudadanos ha sido extorsionado por un empleado público; uno de cada cuatro ciudadanos ha sido extorsionado por la policía municipal y uno de cada dos dice que los operativos militares anti narcos no han logrado sus objetivos. Las causas socioeconómicas que alimentan la inseguridad pública lejos de atenuarse se agudizaron; los delitos se multiplicaron y la percepción de riesgo aumentó. Si la valoración de una gestión pública fuese únicamente la seguridad pública, los tres niveles del ejecutivo están reprobados.

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