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TIEMPO REAL
Por: Redacción de Sinembargo
http://www.sinembargo.mx/17-10-2012/399696
El 23 de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que de 2006 al año pasado, en el sexenio de Felipe Calderón se tenían registrados 14 homicidios de activistas y la desaparición de uno más. Esas son las cifras de la CNDH. Pero organizaciones no gubernamentales y asociaciones de defensores contra los derechos humanos nacionales y extranjeras hablan incluso de una veintena de muertos, y otro tanto de desaparecidos. Pero organismos independientes y oficiales afirman que este fue un sexenio de sangre para los activistas. Algunos perdieron la vida buscando a sus hijos –secuestrados o señalados como desaparecidos–; otros en supuestos robos de casa habitación o de sus oficinas. También hay casos de quienes fueron ejecutados por la defensa de sus tierras o por sus reclamos a la libertad de género. Mujeres y hombres, algunos pertenecientes a la tercera edad, han sido asesinados y sus cadáveres se han encontrado con claras muestras de tortura. Y como en los casos de los civiles muertos durante el sexenio, o como sucedió con los periodistas, la mayoría de los muertos o desaparecidos no obtuvieron justicia. Casi todos los culpables, organizaciones o individuos, quedaron impunes por estos crímenes.
PAZ RODRÍGUEZ ORTIZ A sus 66 años, este hombre era reconocido por su defensa de los derechos humanos. La Subprocuraduría de Justicia de Chihuahua dio a conocer que el activista fue acribillado frente a su esposa en el municipio de Nuevo Casas Grandes el 9 de octubre de 2009. Estaba amenazado de muerte. Según la dependencia, sujetos armados con fusiles AR-15 asesinaron a Paz Rodríguez cuando circulaba en su vehículo, aproximadamente a una cuadra de la Presidencia Municipal, ante los gritos de dolor de su esposa, quien pedía a los policías que arribaron al lugar de los hechos perseguir a los asesinos, pero presuntamente no le hicieron caso. Casi un año antes, el 31 de diciembre de 2008, relata La Jornada, sujetos armados dispararon contra su casa. Ese mismo año, fue abatido a tiros en la capital chihuahuense uno de sus hijos.
FAMILIA REYES SALAZAR La familia juarense Reyes Salazar ha protestado por diversas causas a lo largo de los años: por los daños a la ecología, los agravios a los derechos humanos, las condiciones sindicales, etcétera. Sara Salazar, la matriarca de la familia con más de 70 años, carga una pesada cruz y exige castigo para los asesinos de diversos miembros de su familia. La pesadilla de los Reyes Salazar comenzó en 2009 con la muerte de Julio César Reyes. Su madre acusó en su momento a militares del crimen. Le seguirían Josefina Reyes Salazar, reconocida activista por los derechos humanos y luchadora social del Valle de Juárez, acribillada en enero de 2010; Rubén, su hermano, asesinado en agosto del mismo año; Elías Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto, cuyos cuerpos fueron localizados el 7 de febrero de 2011. Días más tarde, fue incendiada la cada de doña Sara. Además, uno de sus nietos fue vinculado al cártel de Juárez. Foto: Cuartoscuro
BENJAMÍN LE BARÓN El secuestro de su hermano Eric motivó a Benjamín Le Barón, líder mormón en Galena, Chihuahua, para encabezar manifestaciones en Ciudad Juárez en las que exigía su liberación en mayo de 2009, originando todo un movimiento social en contra a este delito. Días después de que Eric fuera liberado –sin pagar rescate–, Benjamín y su cuñado Luis Carlos Widmar fueron sacados a la fuerza de sus vivienda por un comando armado. Sus cuerpos fueron hallados el 7 julio de ese año. Dos días más tarde, la PGR informó que ya se tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pero sería hasta el 27 de noviembre de 2009 que se logró la captura de Carlos Andrés Butchereit Ortega, presunto sicario al servicio del grupo delictivo denominado La Línea, a quien se señaló como uno de los asesinos. Una de las versiones que circuló tras el homicidio, fue que se trató de una venganza tras la detención de 25 delincuentes en el poblado de Nicolás Bravo, quienes fueron capturados gracias a denuncias anónimas. A raíz del asesinato de Benjamín, su hermano Julián su unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. Foto: Cuartoscuro
MARISELA ESCOBEDO Fue asesinada por un hombre el 16 de diciembre de 2010, mientras exigía justicia por la muerte de su hija de 17 años y mantenía una protesta permanente en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno. La pesadilla de Marisela Escobedo inició cuando su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo comenzó una relación sentimental con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, a quien había contratado para que lo ayudara en una pequeña empresa de carpintería. De ese noviazgo enmarcado por los celos nacería una niña. En septiembre de 2008, Marisela fue a buscar a su hija al domicilio que compartía con su pareja, pero no la encontró. Sergio estaba solo con la pequeña y le aseguró que Rubí había huido con otro hombre, hecho que la mujer nunca creyó. Tras este encuentro, el joven huyó de Ciudad Juárez. En enero de 2009, Escobedo Ortiz presentó un reporte por la desaparición de su hija. Tres meses más tarde, Sergio fue detenido. El que fuera su yerno confesó que había golpeado a Rubí hasta matarla, todo ocurrió en un presunto arranque de celos cuando supuestamente la encontró en “los brazos de otro hombre”. Tras asesinar a quien fuera su pareja, Sergio le prendió fuego al cuerpo, en un intento por ocultar la evidencia. Sorpresivamente, pese a las pruebas en su contra, el 30 de abril de 2010 el joven fue absuelto de manera unánime por los magistrados Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes renunciaron a su cargo en marzo de 2011. Días más tarde, el 20 de mayo, se realizó un nuevo juicio en el que se sentenció a Sergio Rafael a 50 años de prisión y se giró una orden de aprehensión en su contra, pero desde que se le dictó la sentencia absolutoria había desaparecido de Ciudad Juárez. La única que lo buscó fue la propia Marisela. La mujer inició una búsqueda exhaustiva del asesino confeso de su hija, marchó, protestó en incluso viajó al DF y quiso entregar una carta al presidente Felipe Calderón, pero él no la recibió. Poco antes de perder la vida, denunció estar amenazada de muerte. Tras el asesinato de Escobedo Ortiz, su cuñado fue secuestrado y asesinado. También fue incendiado un negocio familiar. Posterior al suceso, la familia de Marisela solicitó asilo político en Estados Unidos. Desde su muerte, hace casi dos años, se han presentado diversas pruebas y hasta se ha hablado de tres culpables diferentes de su asesinato: el propio Sergio; Héctor Miguel Flores Morán, alias “El Payaso”, y José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked”, quien ya fue presentado y confesó el crimen.
SUSANA CHÁVEZ Artista, poeta, bohemia y muy conocida en el círculo intelectual de Ciudad Juárez, Chihuahua, encabezó decenas de protestas contra los feminicidios en esa ciudad fronteriza y en honor a ellas creó la célebre frase ”Ni una muerta más”, que se convertiría en su insignia. Fue asesinada el 6 de enero del año pasado. De acuerdo con CNN, durante el entierro, su padre, Justo Chávez, dijo: “Los poco que sabemos es que unos hombres la iban siguiendo, la alcanzaron, la llevaron a la casa que cuidaba ‘El Balatas’, ahí la violaron, después la asfixiaron”. “La Fiscalía General de Chihuahua informó que ‘una vez que cometieron el crimen, los inculpados trataron de deshacerse del cuerpo y, para simular una ejecución del crimen organizado, le cercenaron la mano izquierda con un serrucho y después tiraron el cuerpo’”, relató el medio el 11 de enero de 2011. Los presuntos culpables, Sergio Rubén Cárdenas de la O, “El Balatas”; Aarón Roberto Acevedo Martínez, “El Pelón”, y Carlos Gibrán Ramírez Muñoz, alias “El Pollo”, fueron detenidos poco tiempo después y presentados ante un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores por el delito de homicidio calificado. La versión que sus presuntos asesinos dieron a las autoridades es que habrían invitado a Susana a beber unas cervezas y ella accedió. Supuestamente después discutieron y la asfixiaron.
JAVIER TORRES CRUZ Activista y promotor de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero. En 2007 denunció al ex alcalde y ganadero Rogaciano Alba Álvarez de ser el autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. La tarde del 19 de abril de 2011, Torres Cruz transitaba por el lugar conocido como Puerto de la Mosca, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres, quienes lo asesinaron. De acuerdo con La Jornada, el 3 de diciembre de 2008 el activista presuntamente fue privado de su libertad “en un retén del Ejército, ubicado en San Luis La Loma, donde según testimonios dados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le vendaron los ojos y lo llevaron a un lugar desconocido. En la noche los soldados lo entregarían a particulares, quienes lo torturaron con golpes en todo el cuerpo, y lo amenazaron además lo interrogan por la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Sin embargo, en aquella ocasión logró escapar”. El 21 de enero de este año, la CNDH le habría informado que la Sedena negó dicha detención.
QUETZALCÓATL LEIJA HERRERA La madrugada del 4 de mayo de 2011 fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero el activista y presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), organización civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. El cadáver de Leija Herrera, de 33 años, fue encontrado sobre la avenida Benito Juárez y presentaba múltiples golpes y tenía en el rostro dos heridas causadas presuntamente con una piedra, según informaron diversos medios. El activista había destacado como defensor de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. En 2009 denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que en esa entidad se habían cometido 16 crímenes motivados por la homofobia, por lo que exigió a la dependencia su solución.
ISABEL Y REYNA AYALA Isabel Ayala Nava, la última ex esposa de Lucio Cabañas, y su hermana Reyna Ayala Nava fueron acribilladas el 3 de julio de 2011, cuando salían de la iglesia del poblado de Xaltianguis, perteneciente al municipio de Acapulco. Sujetos armados dispararon contra las dos mujeres desde un vehículo en movimiento y después uno de ellos bajó y se llevó los celulares de las víctimas. La asociación Nacidos en la Tempestad indicó en un comunicado que los asesinatos se cometieron tres días después de que un legislador propuso la creación de una Comisión de la Verdad en el Congreso del estado de Guerrero. Isabel Ayala perteneció a principios de los años setenta al Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas, con quien tuvo una hija: Micaela, también activista social. De acuerdo con la organización, entre 1974 y 1976, Ayala permaneció detenida en el Campo Militar Número 1, del que fue liberada por las autoridades con la condición de no denunciar su encierro clandestino. En sus últimos años, Ayala participó en eventos organizados por las agrupaciones de Izquierdas Unidas del Sur y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y pidió justicia por los detenidos desaparecidos de la llamada “guerra sucia” de los años 70. Según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), desde 1978 ha documentado “un poco más de 450 desaparecidos” solo en el municipio de Atoyac de Álvarez, una cifra que sube a “más de 650″ si se suman otros detectados en otras partes de Guerrero. El 2 de agosto de 2011, Micaela Cabañas pidió ayuda para salir de México por las amenazas que ella y su familia habían recibido tras el asesinato de su madre y tía, y denunció que no había avances en la investigación. “Estoy aquí para pedirles su apoyo (…) y para sensibilizar a la izquierda y a las organizaciones de derechos humanos, que no entiendo por qué no han atendido mi caso”, dijo Micaela en una rueda de prensa, en la que aseguró que “no ha habido ningún avance” en la investigación de los crímenes. “¿Por qué me dejan sola?”, exclamó la hija de Lucio Cabañas, para pedir a continuación su apoyo para “salir de este país tan inseguro”.
PEDRO LEYVA DOMÍNGUEZ Comunero del poblado de Xayakalan, Santa María Ostula en Michoacán e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado el 7 de octubre de 2011. Participaba activamente en la lucha para solucionar un conflicto agrario que lleva más de 40 años en esa zona de la costa michoacana. Un día después de su muerte, La Jornada publicó que la comisión por la defensa de los bienes comunales de la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, informó que el activista “fue asesinado por un grupo de paramilitares”. Sin embargo, de acuerdo con otros medios, Pedro presuntamente se encontraba en su hogar con su primo, quien portaba un arma. Los primos discutieron y minutos después, el activista yacía agonizante en el suelo debido a un balazo en la espalda.
NEPOMUCENO MORENO El activista, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado el 28 de noviembre de 2011 mientras circulaba en su camioneta por las calles de Hermosillo, Sonora. El hombre de 56 años pedía a las autoridades esclarecer la desaparición de Jorge Mario Moreno León, su hijo, cuya búsqueda le había llevado a recibir amenazas de muerte. El hijo de Nepomuceno fue secuestrado el 1 de julio de 2010 en la carretera de Guaymas a Obregón, en Sonora. Iba con dos amigos. Los secuestradores llamaron al padre para exigirle 30 mil pesos. Se identificaron como policías, narraría Nepomuceno en un video. Nepomuceno accedió a pagar y se acordó que dos amigos del joven acudieran a entregar el dinero a los secuestradores, pero también fueron privados de su libertad. Uno de los jóvenes apareció muerto y el otro con las costillas rotas y dos dedos mutilados, aseguró el hombre ante la cámara. El hijo de Nepomuceno nunca apareció. Tampoco los otros dos amigos. Nepomuceno luchó en solitario hasta que en mayo de 2011, se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, alzando la voz en busca de la justicia que nunca tuvo. Tras su muerte, salieron a la luz sus antecedentes penales, por lo que diversas organizaciones e incluso el gobierno federal aseguraron que se “criminaliza a las víctimas de la violencia”. Por su parte, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ofreció colaborar con la PGR en la investigación del homicidio.
JOSÉ TRINIDAD DE LA CRUZ CRISÓSTOMO De la Cruz Crisóstomo, un indígena nahua conocido como “Trino” e integrante del Movimiento por la Paz y la Dignidad, era uno de los principales defensores del derecho al reconocimiento de las tierras de Santa María Ostula y de sus derechos políticos, por lo que recibió agresiones y amenazas. El 6 de diciembre del año pasado se reportó que “Trino”, de 73 años, había sido plagiado por personas armadas que detuvieron de manera ilegal a casi una veintena de activistas, cuando ingresaba a Michoacán. Veinticuatro horas después su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura en Aquila muy cerca de la comunidad de Xayakalan donde vivía. El cadáver tenía las manos atadas a la espalda y presentaba al menos cuatro impactos de bala, así como la oreja izquierda casi desprendida y diversos golpes en el cuerpo.
JULIA MARICHAL Actriz, promotora cultural y relacionada con el Movimiento Por la Paz, fue asesinada en diciembre de 2011. Tenía 67 años. Su cadáver fue encontrado el 2 de diciembre dentro de uno de los tinacos de su casa, ubicada en la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México. Se hallaba desaparecida desde el 12 de noviembre. Días más tarde, el entonces procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció la captura de Pedro Osvaldo Castellanos González, a quien identificó como el presunto asesino de la actriz y dijo que en este crimen también participó Ana Betsaida Duarte Acosta, quien decapitó a la artista después de muerta. Los sujetos fueron identificados en un video de un cajero automático intentando retirar dinero en efectivo de la cuenta bancaria de la víctima. Ambos fueron sentenciados a 52 años y seis meses de cárcel. Además se les ordenó pagar de manera mancomunada 47 mil 257 pesos por reparación del daño y gastos funerarios de la activista.
AGNES TORRES Psicóloga y defensora de los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB) en Puebla, fue asesinada el 12 de marzo de 2012. Sus agresores la degollaron y la torturaron causándole quemaduras en el brazo y el costado derecho. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició las investigaciones bajo la averiguación previa 406/2012/Atlixco, de acuerdo con el reporte oficial el cuerpo presentaba entre 14 y 16 horas de muerte al momento de su hallazgo en la barranca de Xaxocuapatle, cerca de la autopista Siglo XXI, en Atlixco. Días más tarde, cinco personas fueron detenidas por el asesinato de la activista transgénero, entre ellas su pareja sentimental. El 30 de marzo pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer el resultado de la investigación sobre la muerte de Agnes y descartó que se haya tratado de un crimen de odio, como muchos sostenían. La dependencia indicó que dentro de la averiguación previa PGJP/DGADAI/AP/02/2012 fueron consignados, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y robo de vehículo con violencia: Marco Antonio Berra Spezzia, “El Tony”; Luis Fernando Bueno Mazzoco, ”El Huicho”, y Agustín Flores Zechinelli, así como un menor de edad.
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