Carlos Fernández-Vega
México SA
PRI: dichos y hechos
Petróleo y principios
Leyes vs. reglamentos
Muy entusiasmados están el próximo inquilino de Los Pinos
y su equipo detransición porque, dicen, la reforma energética está al
alcance de la mano y su intención es no modificar la Constitución para
que el capital privado abiertamente le clave el diente a ese sector
estratégico. Así, Enrique Peña Nieto y su nuevo gobierno sólo
seguirían la ruta transitada por sus cinco antecesores, o lo que es lo mismo,
violar lo constitucionalmente ordenado y gobernar a golpe de reglamentos,
aunque, de acuerdo con la norma jurídica, lo primero mata a los
segundos. Ese ha sido el camino: reglamentar y reclasificar(de
Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) para desmantelar el aparato productivo
del Estado, del que ya no queda ni el recuerdo.
Con ese ánimo llega el nuevo gobierno. Pero el
problema para Peña Nieto y su grupo de tecnócratas (que es el mismo de los
últimos 30 años, hijos y nietos incluidos) no es en sí alterar o no el texto
constitucional para concretar sus planes, sino que, de entrada, está obligado a
cambiar la declaración de principios del partido que lo llevó a Los
Pinos, el PRI, pues en ella no queda lugar a dudas: ratificamos el dominio
directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y
los demás recursos naturales del subsuelo, es decir, lo que precisamente
establece la Constitución que no están dispuestos a modificar.
Después de cambiar la citada declaración de
principios (de obligado cumplimiento para los miembros de dicha agrupación
política), el engominado tricolor y sus tecnócratas deberán aplicarse para
también modificar el programa de acciónde su propio partido, el cual
establece, entre otros elementos, que “el PRI se pronuncia por mantener la
rectoría del Estado en la materia y por el principio de una industria petrolera
nacional integrada de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27 y
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por
garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos sea
en beneficio de todos los mexicanos… De manera complementaria, rechazamos
cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación
y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el
usufructo de la renta petrolera”. En esto, otra vez, se les cruza en el camino
el texto constitucional que no quieren alterar.
Luis Videgaray, coordinador del equipo de transición de
Peña Nieto, ha dicho que la reforma energética está al alcance de la mano,
mientras Ildefonso Guajardo, coordinador de vinculación con empresarios del
equipo de transición del presidente electo, declaró que los asesores del futuro
mandatario están buscando caminos para la apertura de la industria
energética mexicana que no requieran de la realización de cambios a la
Constitución… Peña Nieto quiere romper el monopolio de Pemex en las áreas de
refinación y exploración, y está considerando cambios a la legislación que no
requieran la aprobación de dos terceras partes de los miembros del Congreso,
que es necesaria para reformar la Constitución” (La Jornada).
Otra piedra en el zapato modernizador de Peña
Nieto y tecnócratas que lo acompañan, pues el texto constitucional (artículo
28) deja en claro que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado
ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y
los demás hidrocarburos (…)”, algo que confirma el artículo 25 de la misma
Constitución (“el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las
áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 (…)”. Entonces, aquí
también se atoran, porque obligadamente tendrían que promover cambios
constitucionales, a menos que por decreto reclasifiquen un sector
estratégico, el energético, y de un plumazo lo conviertan en prioritario.
Tiempo atrás, el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM detalló la aparentemente sutil diferencia entre lo estratégico y lo
prioritario en términos constitucionales: lo primero es el conjunto de
actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que
exclusivamente realiza el Estado a través de organismos públicos
descentralizados, y unidades de la administración pública, por imperativos de
seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el
desarrollo nacional; lo segundo, “aquellas actividades que el gobierno federal,
mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores
social y privado (…) por razones circunstanciales e imperativos de interés
general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional”.
Las estratégicas (como el petróleo y los demás
hidrocarburos, y la generación de electricidad, donde el sector privado ya
sentó sus reales, mediante leyes reglamentarias) se basan en imperativos
de seguridad nacional; las prioritarias (por ejemplo, comunicación vía satélite
y ferrocarriles, ambos sectores propiedad del capital privado) en cuestiones
circunstanciales. Las primeras son actividades exclusivas del Estado; las
segundas las lleva a cabo el gobierno federal en concurrencia con el capital
privado y el llamado sector social.
Entonces, como en los maderos de San Juan: piden queso,
piden pan… pues que les cueste; quieren privatizar los hidrocarburos, que den
la cara y promuevan cambios constitucionales. De otra forma sólo violarían la
Constitución y el de Peña Nieto será un nuevo gobierno que entre por
la puerta de atrás, y ya se está haciendo costumbre.
Las rebanadas del pastel
De cualquier forma, no hay que esperar mucho de los
tricolores, porque en suprograma de acción el PRI también ratifica su
invariable apoyo y apego a los principios fundamentales del artículo 123
constitucional y las conquistas sociales de los trabajadores, y se pronuncia en
contra de una reforma a su ley reglamentaria que vulnere los derechos que
históricamente ha conquistado la clase trabajadora;reivindica la recuperación
del salario, la dignificación del trabajador y postula la contratación
colectiva que deje de lado la informalidad de la contratación temporal, que
impide al trabajador la obtención de derechos a cambio del trabajo realizado, y
en los servicios públicos reconoce el derecho de los trabajadores a la
definitividad en sus plazas de base contra el empleo eventual, y “rechaza que,
bajo la excusa de la promoción de la productividad, se busquen afectar los
derechos laborales y se pongan en riesgo las conquistas de los trabajadores…”,
es decir, exactamente lo contrario de lo aprobado por los priístas en la
(contra) reforma laboral.
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