Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
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Al dar inicio en Cancún al Sexto Congreso Nacional del sindicato que dirige desde hace dos décadas, Elba Esther Gordillo afirmó que “no será sirvienta de nadie”, que no tiene aspiraciones de formar parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. Aunque no hay duda que se está devaluando, pues ahora obsequió sólo 3 mil computadoras a sus aplaudidores, cuando hubo un tiempo que regalaba camionetas Hummer. De cualquier forma, los beneficiados con las computadoras se dieron por bien servidos y gritaron porras para la lideresa de una organización que sigue siendo clave para el viejo sistema político mexicano.
No fue un capricho de ella haber invitado al otro dirigente fundamental para el funcionamiento del caduco corporativismo, Carlos Romero Deschamps, quien encabeza desde el Senado el negocio llamado Sindicato Petrolero, sino la demostración de que mantienen una alianza estratégica que pone a temblar a la clase política de derecha: sin ambos sindicatos su poder se derrumbaría en unas cuantas horas. Hacer gala de tal alianza en este momento es vital para ambos dirigentes, pues por ningún motivo están dispuestos a permitir que se aprueben los puntos de la reforma laboral referidos al rendimiento de cuentas a sus agremiados y a la democratización de sus organizaciones.
Sin embargo, la última palabra la tienen los trabajadores y por ahora no la han dicho. Una cosa son los paniaguados de la maestra y otra muy diferente los miles de maestros que no están dispuestos a permitir que su organización sindical sirva sólo para apuntalar los intereses de la familia Gordillo. No todos los miembros del sindicato magisterial se dejan comprar tan fácilmente, menos en una etapa como la que estamos viviendo, de duro despertar de una pesadilla que podría prolongarse si no se actúa con dignidad y vergüenza.
Se ha llegado a un momento en que los trabajadores tienen mucho que ganar y nada que perder si se fajan los pantalones y se deciden a cambiar las cosas. Es muy claro que de seguir como vamos lo único que van a conseguir serán peores condiciones laborales y una pérdida más acelerada de su nivel de vida. Sobre todo si se aprobara por el Congreso la reforma a la Ley Federal del Trabajo como la quieren los empresarios, bajo el pretexto de que data de 1970 y está caduca en muchas de sus partes. Sin embargo, no pretenden una modernización de las relaciones entre los factores de la producción, sino llevarlas a los tiempos de antes de la Revolución Mexicana, cuando los hacendados porfiristas y los inversionistas extranjeros tenían esclavizados a campesinos y obreros.
Por eso, la cúpula empresarial acaba de puntualizar que asumirán los costos políticos en caso de que sea aprobada, pero tal como ellos la quieren. Con todo, vale decir que los costos no serán para ellos, sino para el Estado, que se verá obligado a echar mano de las fuerzas armadas para reprimir la ola de descontento que se habría de producir en la medida que la explotación de la mano de obra se fuera haciendo más evidente. No podría ser de otro modo, puesto que las mentadas reformas estructurales no tienen otra finalidad que garantizar condiciones favorables a la clase empresarial para actuar abiertamente en contra de los asalariados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especialistas en el tema, se han referido en diversos estudios a las falacias que encierra la reforma laboral: no crearía más empleos, no ayudaría a que los trabajadores cubrieran otro turno, no generaría más ingresos en los hogares.
En cambio, se agudizaría la situación que ahora se vive con el volumen en aumento de la economía informal, lo que a su vez impediría llevar a cabo una reforma hacendaria como la demandan las circunstancias. Tal realidad se complicaría de manera por demás dramática si la privatización de Pemex avanzara con la velocidad que quieren Peña Nieto y sus patrocinadores, pues los cuantiosos recursos que hoy destina al erario nacional vía pago de obligaciones fiscales (más de 100 por ciento de sus utilidades), se verían muy mermados, problema que no se podría resolver ni aumentando el IVA a 40 por ciento para toda la población.
Entraríamos en un círculo infernal del que sólo podría salirse con una violencia extraordinaria de la que nadie saldría beneficiado. Esto no lo toman en cuenta los asesores de la elite empresarial, sólo atentos a encontrar mecanismos para engrandecer las ganancias de sus jefes. Tal falta de solidaridad social de la oligarquía nos tiene al borde de la debacle más espantosa que se haya vivido en México, pero aun así sólo siguen presionando a la clase política para que actúe en contra de los intereses del país, pues no otra cosa sucedería con el total agotamiento de la clase trabajadora. Hemos llegado al colmo de la voracidad y del egoísmo.
(guillermo.favela@hotmail.com )
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