Masacres y apatía
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Ayer, como saldo de la más reciente masacre de las muchas
que ha dejado la violencia delictiva en este sexenio, 16 cuerpos sin vida
fueron abandonados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, cerca de Coyuca
de Catalán, Guerrero. Como se ha vuelto exasperantemente usual, los cadáveres
estaban amarrados de pies y manos y presentaban heridas de arma de fuego y
huellas de tortura. A decir de las autoridades, un mensaje encontrado en el
sitio podría indicar que el crimen múltiple fue perpetrado en el contexto de la
confrontación entre las organizaciones criminales La Familia y Los
caballeros templarios, ambas de origen michoacano. En todo caso, el
gobernador guerrerense atribuyó la masacre a un enfrentamiento entre dos
grupos de Michoacán.
Mientras el país mira hacia otros lados, prosigue la
guerra en que fue sumido por los pleitos entre organizaciones delictivas y por
la estrategia de seguridad adoptada e impuesta por la actual administración
desde sus inicios; los actos de barbarie como el referido siguen ocurriendo y
un sector mayoritario de la sociedad parece haberse insensibilizado y hasta
acostumbrado a tales expresiones de violencia. Peor aun, las autoridades
federales ya ni siquiera se toman la molestia de aparentar que investigan los
hechos –así se trate de evidentes episodios de delincuencia organizada que no
corresponden al fuero común– , en tanto las estatales se conforman con
desentenderse de los hechos, como fue el caso ayer en Guerrero, esgrimiendo que
tanto los autores del crimen como las víctimas son fuereños.
Es alarmante esta suerte de resignación social ante
hechos que en cualquier otro contexto conmoverían al país, pero lo es más la
generalizada conducta omisa de quienes se encuentran al frente de las
instituciones de los distintos niveles de gobierno, por cuanto refiere una
situación no de ingobernabilidad, sino de ausencia de voluntad para ejercer el
gobierno: a poco menos de tres meses de abandonar el poder, la administración
calderonista parece operar únicamente con el propósito de llegar a la transición,
pese a que sus obligaciones no concluyen hasta el 30 de noviembre próximo. Tal
situación es doblemente inaceptable si se considera que fue el gobierno federal
aún en funciones el que alentó, por los motivos que haya sido, la espiral de
violencia que asfixia al país.
Durante varios años el propio titular del Ejecutivo
federal tergiversó las críticas a su política de seguridad afirmando que se le
reprochaba combatir la delincuencia, cuando en realidad las discordancias se
han referido a la manera improvisada, errática y promocional de hacerlo. Ahora,
sin embargo, ya en la recta final del gobierno calderonista, y cuando diversas
regiones del país sufren las consecuencias de sus errores y de sus
empecinamientos, la indolencia oficial golpea por su flagrancia. Guste o no,
las responsabilidades acumuladas por la autoridad a lo largo de este sexenio,
así se trate meramente de responsabilidades políticas por la espiral de
violencia, es una marca histórica ya indeleble.
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