Miguel Concha
¿Por qué suponen el secretario de Gobernación, el
consejero jurídico de la Presidencia y el propio titular del Ejecutivo Federal
que les saldrá bien el veto a la ley general de víctimas? ¿Por qué un desacato
tan arrogante a un mandato del presidente de la mesa directiva del Senado? ¿Por
qué el irrespeto a la separación de poderes y a una resolución de la Comisión
Permanente del Congreso, que respaldó al presidente del Senado en solicitar la
publicación de la ley? ¿Será porque ya acordaron en lo oscurito con Enrique
Peña Nieto? Pero, ¿por qué? Su decisión de vetar la ley, vencidos los plazos
constitucionales del artículo 72 apartado b), sólo se explica por un cálculo
electoral fallido, y por el menosprecio al dolor de las víctimas del delito y
de violaciones a los derechos humanos, que esperaban con ilusión su entrada en
vigor, para apoyarse de inmediato en la instrumentación de sus preceptos.
En congruencia con la posición de las víctimas, del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y de las organizaciones de
derechos humanos que han planteado como definición que primero se publique la
ley, y se inicie de inmediato después el análisis y la pertinencia de los
contenidos de las siete fracciones en que se organiza el susodicho veto, vamos
a comentar sólo lo referente al momento del desacato constitucional en el que
incurren, y al irrespeto a la separación de poderes en los que se encuentra el
Ejecutivo Federal.
Didáctica y matemática pura: el 30 de abril de 2012 se
aprobó en sus términos en la Cámara de Diputados la minuta del Senado para
expedir la ley general de víctimas. El 10 de mayo de 2012 se le remitió al
Ejecutivo para sus efectos constitucionales subsiguientes. Al confrontar lo
establecido por el apartado b) del artículo 72 con el inicio del plazo
constitucional el 10 de mayo, el Ejecutivo federal tenía 30 días naturales para
hacerle observaciones, que se cumplieron el 9 de junio; y 10 días naturales para
promulgarla y publicarla, que se cumplieron el 19 de junio. Transcurrido este
segundo plazo, como lo dice el texto constitucional citado, el decreto se dio
por promulgado el 19 de junio. Pasado ese día, y con la ley promulgada en
automático, gracias a la eliminación del veto de bolsillo, que antes
permitía a los presidentes congelar una ley que no les gustara, el balón se fue
a la cancha del presidente de la mesa directiva del Senado, quien tenía también
10 días naturales para ordenar su publicación. Una vez que ese plazo se cumplió
el 29 de junio, ese mismo día, en cumplimiento de la atribución que le
confiere el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el senador José González Morfín solicitó al
secretario de Gobernación que girara sus instrucciones para que se publicara
“en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se
expide la ley general de víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30
de abril de 2012”. La respuesta de la Secretaría de Gobernación (SG) fue enviar
el veto presidencial, firmado por el presidente hasta las 20:38 horas del
primero de julio, es decir, con un retraso de 21 días. El argumento por demás
endeble, porque no existe ningún mandato constitucional ni legal expreso que se
los permita, es que el secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados (cargo que no está consignado en la Ley Orgánica del Congreso
general), por instrucciones de su presidente (atribución que no le concede ni
la Constitución ni la ley), pidió que se lo devolvieran, y que por ello un
funcionario de tercer nivel de Gobernación (igualmente sin atribuciones
constitucionales ni legales) la devolvió, y que esas acciones interrumpieron el
plazo constitucional.
Habrase visto tal necedad, sobre todo si ya el presidente
del Senado había ordenado expresamente la publicación de la ley, como lo
establece la reforma constitucional vigente desde agosto de 2011, que elimina
el veto de bolsillo. Por ello el 11 de julio pasado la Comisión Permanente aprueba
unánimemente dos resolutivos, uno para respaldar la determinación del
presidente del Senado de ordenar la publicación de la ley general de víctimas,
y otro para devolver al titular del Ejecutivo sus observaciones, en virtud
de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente de manera extemporánea el 1º
de julio del año 2012.
Es preciso hacer un paréntesis, para denunciar el manoseo
de la Ley General de Víctimas por los panistas de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados y de la SG, que la secuestraron 20 días, probablemente con
un objetivo electoral. El plazo constitucional establecido por el apartado b)
del artículo 72 empezó a correr el 10 de mayo. Entonces el veto a la ley
tendría que haberse enviado a más tardar el 9 de junio, es decir, en plena
campaña electoral, lo que habría sido un escándalo mediático, que habría dañado
a la candidata del PAN. Por eso maniobraron con intercambios epistolares
irregulares para justificar la interrupción del plazo y el envío extemporánea
del veto.
El Ejecutivo está hoy en franco desacato constitucional,
por lo que todas las declaraciones del secretario de Gobernación y del
consejero jurídico de la Presidencia son una burla al presidente de la mesa
directiva del Senado y a la Comisión Permanente del Congreso, que en
cumplimiento de la Constitución ni siquiera dio entrada a las observaciones del
Ejecutivo, y mucho menos entró en la discusión de su contenido. Publíquese la
ley, y al día siguiente se revisarán las omisiones y presumibles
inconsistencias, para contar con el instrumento que mejor garantice los
derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
Las rebanadas del pastel
Serenidad y paciencia, que la cosa es calmada. Ya lo
anunció el preclaro consejero presidente Leolerdo Valdés Zurita: la denuncia
por presunto lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto sigue
abierta, pero los resultados de la investigación se conocerán hasta enero de
2013. Y lo mejor es que para él, lejos de ser una tomadura de pelo para la
ciudadanía, aquella es inequívoca señal de avance, pues el plazo original
para resolver esta situación vencía hasta junio del próximo año.
Maravilloso: una vez más está en juego la credibilidad de las instituciones y
el de por sí precario equilibrio nacional, y la burocrática maquinaria del
aparato electoral no sólo exhibe su pachorra, sino que la reivindica. Así, resolverá –si
en realidad lo hace– este espinoso asunto una vez que Los Pinos ya esté ocupado
por un nuevo inquilino (marca fábrica de los sueños), y a ver quién lo saca de
allí… Y con la misma rapidez y contundencia, la Secretaría de Hacienda emite
nuevas reglas para afianzadoras y aseguradoras, con el fin de prevenir y
detectar actos y operaciones de lavado de dinero y terrorismo, y para lograrlo
tales disposiciones entrarán en vigor en ¡seis meses!
Vicente Martínez Gallo / Oaxaca
Es triste ver que en México quienes aplican la justicia
siempre perjudican a los que menos tienen; esas autoridades son una farsa e
indignos representantes de un poder que se esperaría fuera de gente honesta,
pero se corrompe por el brillo del dinero.
Antonio Ortega Monjarás / DF
Nada vale ser honrado / si la patria me es infiel, / yo
soy un inadaptado / pero elTrife es un burdel.
Jose Luis Morales / Ciudad Victoria
Lo malo es el circo que han hecho los mandatarios de los
países que quieren tener parte en Pemex y la CFE; eso es lo que interesa a los
extranjeros. Ya basta de privatizar, hay que nacionalizar, hay que ser
nacionalistas y acabar con los parásitos que nuestro país mantiene y obligar a
que las grandes empresas paguen sus impuestos a Hacienda y no al Teletón.
Luis Alejandro de la Cruz / Oaxaca
El TEPJF validará el triunfo del PRI; de eso no cabe la
menor duda. Algunos ya se están organizando, basta ver el pacto de movilización
nacional contra Peña Nieto, surgido el pasado fin de semana en Atenco.
Daniel Montaño Pastrana / Pachuca
Estemos preparados para los impuestos en alimentos y
medicinas. Eso va a ser su reforma económica, seguir depredando a los votantes;
cuando esto suceda, como siempre van a empezar a quejarse. Pero este es nuestro
México que el pueblo no se decide a cambiar.
Isaías de la Rosa / Toluca
¿México es un país de leyes o de bueyes?
Óscar Pacheco Rodríguez / DF
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
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