Por: Jaime Ornelas Delgado
Cuando los poderes fácticos, especialmente los medios masivos de comunicación y los dueños del capital, son capaces de imponer a un candidato y movilizar una enorme y paralela estructura electoral basada en el derroche de dinero, la compra de votos y la manipulación de a realidad, sin duda, las instituciones políticas en general, y en particular las electorales, se encuentran en una severa crisis que las incapacita para someter a quienes tienen el poder político real y se benefician de él.
Precisamente, esos poderes fácticos están tratando en estos momentos de lograr que su candidato sea nombrado presidente de la República, invocando una legalidad que estuvo muy lejos de tener un proceso profundamente inequitativo levantado como obstáculo para permitir elecciones libres y auténticas, tal como establece el artículo 41 constitucional. Por el contrario, el proceso careció de la libertad y la autenticidad para investirlo de legalidad y legitimidad.
El Instituto Federal Electoral (IFE), cuya tarea es organizar el proceso electoral y garantizar su realización bajo los principios de legalidad, imparcialidad y certeza, se ha convertido, como ya va siendo costumbre, en el invitado de piedra del proceso electoral ante el cual se comportó omiso y complaciente ante las evidencias de una facciosa y perversa intervención de los medios de comunicación controlados por Televisa y TvAzteca o frente a la descarada compra de votos, el rebase del tope de gastos de campaña con dinero cuyo origen se deja en la total opacidad; así como de las campañas mediáticas tendenciosas y calumniosas contra Andrés Manuel López Obrador.
Todo esto y más que todos sabemos ocurrió menos el IFE, ha dejado como saldo una elección no sólo ilegal sino también ilegítima repudiada por muchos mexicanos conscientes de los riesgos que esto implica para la vida democrática del país.
Ya desde el principio del proceso, el duopolio de los medios de comunicación hizo de las elecciones un mercado hasta donde llevó su mercancía y diseñó una estrategia de publicidad cuyo propósito era convertirse en el “gran elector” y hacer de la elección un mero trámite, o a lo más un acto protocolario para confirmar cuál de las empresas encuestadoras había logrado la mayor aproximación al resultado final. En la visión de las televisoras, las elecciones no tienen otro propósito. Aún más, el mercado electoral diseñado por los medios se saturó con empresas encuestadoras cuyo fin, además de ganar carretadas de dinero, fue manipular sus encuestas –que cumplen con el prurito de mostrar la metodología elaborada para hacerlas, pero nunca dicen quien las financia–, con el propósito de crear la idea de que había ya un candidato invencible y un resultado irreversible. Fue tal el impacto de esta manipulación, que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, sólo con los resultados de las encuestas de salida reconoció que las “tendencias no le favorecían”, y a pesar de las evidencias de los procedimientos faltos de toda ética mediante los cuales el candidato del PRI había conseguido que le favorecieran las tendencias, renunció a continuar el proceso para limpiarlo.
Pero el “nuevo PRI” recurrió también a sus viejas prácticas, de cuando era omnipotente y omnipresente: la sugerencia –amenaza– de cancelación de los programas sociales, la cooptación de disidentes (nada más hay que ver cuantos ex perredistas se unieron a Peña Nieto, entre otros Rosario Robles Berlanga, quien fuera jefa del Departamento del Federal, René Arce y Ruth Zavaleta, convertidos en fervientes y entusiastas militantes del tricolor apoyando “hasta la ignominia” a Peña Nieto, y su más reciente adquisición el recién electo gobernador de Morelos, Graco Ramírez; y ni hablar de las defecciones del PAN, con Vicente Fox a la cabeza, Manuel Espino y la asambleísta Lia Limón, por mencionar a los más representativos pero no los únicos); la intimidación de electores y lo que denuncia Alejandro Encinas: la compra o expulsión de representantes de casilla, la introducción a las urnas de boletas previamente marcadas por el PRI y, en particular, la compra masiva del votos mediante tarjetas Soriana y Monex, recursos cuyo origen es poco claro.
No caben dudas, los ciudadanos se han hartado de tanto agravio. Saben que dejar las cosas como están, resultado de un proceso fraudulento tal y como ocurrió en 1988 y el 2006, se profundiza el autoritarismo y la inestabilidad política. Por eso es válido exigir a las autoridades electorales cumplir con su obligación y reconocer las evidencias de tanta y tanta ilegalidad e invalidar la elección presidencial.
Por su parte, el movimiento social para cambiar el país debe trascender el horizonte electoral y fortalecer a Morena, organizarla, darle claridad a sus propósitos y objetivos, conservarla como movimiento para construir el poder popular y aglutinar a los casi 16 millones de mexicanos que, a pesar de todas las adversidades enfrentadas por oponerse al poder político y económico, votaron a favor del cambio verdadero. Cambio, empeñado en edificar una nueva nación, justa, equitativa y democrática. A eso debemos dedicar los esfuerzos presentes y futuros, con la presidencia y aun sin ella.
¡Triste realidad!
¿Cuánto será el deterioro de la moral pública, si quienes tienen la obligación de resguardar la seguridad pública son capaces de robarse una moto deportiva para venderla en seis mil pesos?.
Privada Oaxaca número 4 col. Independencia (antes restauran la manzanilla) Sin Protocolo a partir de una y media.
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