Carlos Fernández-Vega
México SA
México, megalavandería
Monex-PRI: papa caliente
UIF-CNBV: no me toca
En eso de aventar la papa caliente, las
dependencias del Ejecutivo federal se pintan solas. Como muestra está el
reciente caso del presunto lavado de dinero por medio de tarjetas de Monex
(grupo financiero), recursos que habrían sido destinados a la campaña electoral
de Enrique Peña Nieto. Tal corporativo, presidido por Héctor Lagos Dondé, ha
sido señalado por el PAN y los integrantes de la coalición Movimiento
Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para
transferir a la campaña de EPN recursos que exceden el monto permitido por la
ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.
En nota de La Jornada (Roberto
González Amador), se indica que los días previos a la elección
presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista
denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el
PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa
denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos
en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de
acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto
involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un
particular puede hacer como donativo electoral. Al mismo tiempo, especialistas
en el tema señalan que se trata de un típico caso de lavado de dinero, que se
concretó en las propias narices de las autoridades financieras encargadas de
supervisar y vigilar el sano funcionamiento del sistema financiero que opera en
el país, según reza su propaganda.
Pues bien, tras la citada denuncia de los
partidos políticos, las autoridades financieras del gobierno calderonista
comenzaron a aventarse la papa caliente, algo que consigna la referida
información de La Jornada: la Unidad de Inteligencia Financiera, de la
Secretaría de Hacienda, y “encargada –por ley– de impedir la realización de
operaciones con recursos de procedencia ilícita”, respondió que no, que a ella
no le toca, porque cualquier investigación corresponde, según ella, a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ésta, a su vez, asegura que tiene
facultades en materia de supervisión de que se cumplan las reglas de
lavado de dinero (sic y recontra sic, como diría el Monsi), aunque nunca
jamás ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún
intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto
bancario, y volvió a lanzar la papa caliente para que la cache el primer iluso
que pase.
De acuerdo con información de la ONU,
anualmente se lavan en México alrededor de 30 mil millones de dólares del
narcotráfico, cantidad que difícilmente puede esconderse bajo el colchón. Y ese
era el obligado punto de arranque de la llamadaguerra contra el crimen
organizado, pero durante seis años el calderonato se dedicó a tirar bala por
toda la República sin rozar siquiera la enorme cuan eficiente lavandería que
funciona en el país, en la que el sistema financiero mucho tiene que ver.
Muertos por doquier, violencia extrema, masivas movilizaciones de tropa, balas
y más balas, pero ni con el pétalo de una rosa se tocó a los barones del
dinero.
Hasta donde recuerda este tecleador, todos
los casos y denuncias sobre lavado de dinero de políticos y empresas mexicanas
–reales o ficticias– se han ventilado en Estados Unidos, y en algunos casos en
España: desde Raúl Salinas de Gortari-Citibank hasta la acusación en contra de
José Madariaga Lomelín, ex dueño de Probursa y ex presidente de los banqueros,
y el caso Casablanca contra BBVA-Bancomer, entre otros. Incluso,
asuntos como el de Zhenli Ye Gon (el de copelas o cuello, también
vinculado al tema electoral, o lo que es lo mismo a la campaña calderonista de
2006 y a su operador Javier Lozano Alarcón, según dicho del empresario de
origen chino) de todas maneras terminan arreglándose en el vecino del
norte, donde este personaje fue extraditado.
Treinta mil millones de dólares del narco,
y ni una sola intervención de las autoridades financieras dedicadas, por ley, a
evitarlo y combatirlo. No es gratuito, pues, que cuando menos desde 1996 (en
pleno gobierno de Ernesto Zedillo) el Departamento estadunidense de Estado
tenga los ojos puestos en el sistema financiero que opera en México, el cual,
según su propia conclusión “ha sido elegido por los cárteles internacionales de
la droga como el principal centro en Occidente de lavado y repatriación de
dinero proveniente del narcotráfico; en 1994 –de acuerdo con cifras de
funcionarios mexicanos (que no identifica)– se habrían lavado alrededor de 30
mil millones de dólares por el concepto referido, sólo una porción de lo que
regresó a Colombia”.
Año tras año, cuando menos a partir de la
fecha citada, el Departamento de Estado ha denunciado lo anterior, y advertido
que factores como la vecindad con Estados Unidos, la corrupción endémica
en México y los endebles o inexistentes controles legales para regular las
transacciones en dólares en el sistema financiero mexicano, resultan la
combinación perfecta para que sea el número uno del hemisferio occidental en
lavado de dinero procedente del narcotráfico. El gobierno mexicano ha hecho
poco por contener esas prácticas, que resultan extremadamente benéficas para la
comunidad bancaria y los corredores criminales que explotan ese sistema operativo.
Un creciente número de empresas legales están siendo utilizadas por los
lavadores para transparentar las operaciones del narcotráfico.
México, apunta el Departamento de Estado, ha
sido seleccionado para la colocación inicial de dinero estadunidense en efectivo
proveniente de la droga. Una vez colocado en su sistema financiero, el dinero
se mueve en una amplia variedad de formas, incluyendo transferencias en línea e
inversiones en bancos mexicanos, pagaderas directamente en cuentas paralelas en
Estados Unidos, luego de la emisión y renvío por medio de cheques personales.
Deben promoverse reformas legales en el sistema financiero mexicano para
regular el movimiento de dinero, porque de otra forma la situación tenderá a
empeorar, en detrimento económico y político tanto de Estados Unidos como de
México.
Las rebanadas del pastel
En fin, esas son la observaciones, pero
el gobierno mexicano no ha hecho mayor cosa en materia de combate al lavado de
dinero, salvo permitir que las instituciones encargadas de vigilar y regular el
sistema financiero se avienten entre sí la papa caliente en turno, como ahora
en el caso Monex-PRI.
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