Las propuestas de salud
Asa Cristina Laurell
En mi anterior artículo (9 de mayo) analicé
la seguridad social universal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) y la pérdida de
derechos sociales que significa para los derechohabientes de los institutos de
seguro social. Asimismo, señalé que los ganadores de esta propuesta serían los
empresarios de la salud y las aseguradoras.
El único candidato presidencial que no se ha
sumado a esta propuesta es Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento
Progresista. En el libro El nuevo proyecto de nación y durante los Diálogos
por la regeneración de México, organizados por Morena y el Equipo Equidad
y Progreso AC, se han hecho planteamientos encaminados a garantizar el derecho
constitucional a la protección de la salud. En vez de plantear un seguro universal de
salud, que sólo es una forma de financiamiento, se propone lograr el acceso
oportuno a los servicios requeridos para toda la población. Esto se lograría
fortaleciendo los servicios públicos de salud y determinando en el corto plazo
una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos para los que no
tienen seguro social laboral. La universalidad del acceso sería así la
combinación del acceso a los servicios de los institutos de seguro social o los
de la Secretaría de Salud, estatales y federal.
La política de servicios médicos y
medicamentos gratuitos se instrumentó y legisló en el Distrito Federal durante
el gobierno de López Obrador y alcanzó la cobertura de 95 por ciento de los
grupos familiares en esta condición. Permitió incrementar los servicios
prestados, particularmente los de mayor costo, hasta en 85 por ciento, o sea se
amplió el acceso. La base para que se materializara fue el incremento del 80
por ciento en el presupuesto de salud y un esfuerzo sostenido de ampliación y
fortalecimiento de los recursos físicos y humanos de salud y la transformación
de las instituciones y prácticas públicas.
Las propuestas actuales parten de la
experiencia del Distrito Federal, pero se extiende a toda la nación. En esta
perspectiva el problema de los recursos físicos y humanos se vuelve crítico y
debe estar en el centro de su instrumentación, aspecto no abordado por el PRI
ni por el PAN. El déficit de infraestructura, recursos humanos e insumos sigue
siendo el talón de Aquiles del sistema de salud mexicano y no podrá ser
resuelto por el sector privado ni cambiando la denominación centro de
salud porhospital comunitario. A lo largo y ancho del país hay hospitales,
grandes y chicos, sin terminar o sin recursos para operar. Bastan como ejemplos
los hospitales de alta especialidad, federales y del estado de México
(Zumpango), que se han construido a un costo muy alto por ser proyectos de
asociación público-privada y que funcionan muy por debajo de su capacidad.
Hoy faltan aproximadamente 22 mil 500 camas
hospitalarias, que equivalen a 224 hospitales generales de 100 camas. Repartido
a lo largo de un sexenio significa construir 37 por año. Esto nunca se había
hecho en México, pero es factible cuando se tiene la decisión política de
garantizar el acceso a los servicios de salud a todos, ya que el costo no
representa más que el 0.08 por ciento del producto interno bruto (PIB) anualmente.
A ello se añade el costo de hacer funcionar los nuevos hospitales con el
personal requerido y abastecerlos con los insumos y medicamentos necesarios, lo
que en números redondeados correspondería al incremento de 1.5 por ciento del
PIB al final del sexenio.
Cabe señalar que con estos cálculos el
presupuesto público de salud llegaría al 4.5 por ciento del producto interno
bruto y nos acercaría a otros países latinoamericanos, como Argentina, Chile,
Ecuador y Uruguay. Simultáneamente habría que avanzar hacia un sistema único de
salud, integrando las distintas instituciones públicas de salud, preservando
los derechos de trabajadores e igualando la cobertura médica.
La falta de medicamentos es otro problema a
enfrentar. La Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2010 encuentra que
el 16 por ciento de los afiliados al Seguro Popular y 10 por ciento de los
derechohabientes del seguro social con problemas de salud no reciben atención
por falta de medicamentos. Significa un gasto particularmente gravoso para los pobres,
que en muchos casos impide un tratamiento adecuado.
En esta elección están en juego dos
alternativas: o se avanza en la igualdad en salud o se profundiza la inequidad
y la privatización. Como dijo la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud
de la Organización Mundial de la Ssalud, La justicia social es cuestión de
vida y muerte. La política de salud debe desempeñar un papel importante para
salvar vidas y garantizar una vida digna y segura.
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