La provocación laicista de Pablo Gómez
Bernardo Barranco V.
La propuesta del senador Pablo Gómez de eliminar el inciso e” del artículo 130 de la Constitución mexicana, presentada el jueves 25 de febrero, tendiente a otorgar mayores libertades políticas a los ministros de culto, ha causado fuertes convulsiones en el interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y suspicacias en sectores de la Iglesia católica.
El inciso en cuestión sostiene lo siguiente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna; tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios”.
En su intervención, el senador Pablo Gómez sostuvo que la laicidad no implica prohibición alguna, que la libertad de expresión es un derecho humano ampliamente reconocido en el mundo moderno. Por tanto, no tiene sentido mantener una norma que permanentemente viola el clero. Argumentó que debemos abolir revanchismos con la Iglesia en los siguientes términos: “¿Por qué debe haber ciudadanos con derechos restringidos?... ¡Ah!, pero cada vez que se viola la Constitución por parte de algún obispo, se presenta la violación como un falso triunfo sobre el Estado laico, porque se está vinculando la laicidad del Estado con una monstruosa prohibición del ejercicio pleno de los derechos humanos y del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos”.
Desde el punto de vista de los principios que rigen la laicidad tiene razón: en un régimen de libertades laicas el Estado no puede impedir que un individuo o una Iglesia hagan valer sus principios y visiones, incluso las políticas, en el conjunto de la sociedad. Ninguna sociedad que se aprecie democrática puede impedir que una jerarquía religiosa ejerza su derecho a posicionar su doctrina sobre la vida y principios con los que debe conducirse la sociedad. Sin embargo, ¿por qué ha desatado reacciones tan dispares la propuesta del senador?
Su intervención en la Cámara recibió la ovación y aplausos de los senadores panistas: “¡excelente!” No obstante, desde el PRD han llovido las críticas con descargas que van subiendo de tono: “inoportuna e ingenua”, señaló Alejandro Sánchez Camacho; “la reforma propiciaría la aparición de partidos confesionales y gobiernos fundamentalistas”, según Rafael Hernández. En cambio, Jesús Ortega, en su afán de ser siempre políticamente correcto, saluda la iniciativa para mostrar que el PRD no es un partido antirreligioso.
Muchos militantes del sol azteca se preguntan cómo es posible el menudo favor cuando la jerarquía siempre ha sido antagónica con la izquierda: desde los tiempos de Corripio, en los años 80, advirtió que era pecado votar por ellos; Onésimo Cepeda, entre demanda y demanda no los baja de “estúpidos”; el cardenal Sandoval los estigmatiza como “los hijos de las tinieblas”, y el padre Valdemar de “enemigos de la Iglesia”.
¿Es una concesión para aprobar el 40 constitucional? Mejor que se queden así las cosas, dicen algunos desconcertados. ¿Nuevas señales dado el clima de las alianzas?
Del lado católico, el arzobispado de México, por conducto del padre Hugo Valdemar, la acogió con entusiasmo, olvidó viejas querellas y saludó con entusiasmo la iniciativa de Gómez. Igualmente, Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal, señaló: “aplaudo la propuesta, ya que coartar la libertad de expresión de los ministros de culto no sólo es un anacronismo, sino una injusticia” (La Jornada, 28/2/10).
No obstante, otros católicos ven con ciertas reserva y hasta suspicacia la iniciativa. Por ejemplo, en El Atrio, portal del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, Rodolfo Soriano rastrea las posturas abiertamente anticatólicas del senador y concluye: “Lo que el senador Gómez quiere es alentar las contradicciones (de la Iglesia), el conflicto en su interior, de modo que repliquen los conflictos que existen en la sociedad mexicana en general. De ahí el interés por eliminar las restricciones que limitan en la actualidad la intervención de la Iglesia en los temas públicos y obligarla a discutir esos temas…” (http://imdosoc.org/ plataforma/).
Desde diferentes ángulos la conclusión es comprometida. ¿Asevera que la Iglesia no está preparada para incidir en la arena política?
Por su parte, el Revolucionario Institucional ha guardado silencio, hasta ahora; seguramente para algunos, como pesadilla han de pasar las imágenes del abierto y mediático proselitismo del clero en favor de Acción Nacional y de la vida.
La propuesta ha levantado diversos debates y posicionamientos. Hay que agradecerlo. Creemos que en algún momento de nuestra historia se deberán derogar todo tipo de restricciones y las iglesias en México tendrán todas las prerrogativas modernas de la democracia. Probablemente no sea el momento y lo apasionado de los posicionamientos de los diferentes actores pone de manifiesto que las llagas aún están abiertas; los recelos y desconfianzas mutuas son palpables, fruto de una historia común escabrosa, cuyo dramatismo ha pasado por dos guerras fratricidas.
La laicidad, dicen los historiadores, más que un concepto es un proceso, surge como necesidad ante sociedades que se reconocen más plurales; su punto de partida es en el terreno de las creencias religiosas y ahora se extiende a nuevos ámbitos de las libertades. Por ello la laicidad va al parejo de conceptos como la tolerancia, la pluralidad y las libertades.
Sin tratar de anular con ingenuidad los debates, las diferencias ni los antagonismos de la sociedad, la laicidad es un principio que acompaña la pluralización de las sociedades contemporáneas en un marco de convivencia armónica y pacífica.
La moneda sigue en el aire. Pablo Gómez ha introducido nuevos componentes al debate que obligarán a los legisladores y partidos políticos a correr el velo del cálculo pragmático de corto plazo para situar la laicidad del Estado como parte inherente de la reforma política.
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